El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha emitido este viernes una providencia con el objeto de preguntar a los 18 magistrados que integran dicha sala si quieren avocar a pleno el recurso del fiscal contra la libertad del etarra enfermo Iosu Uribetxebarria Bolinaga.
En la resolución, el magistrado da un plazo de 24 horas –que se hará efectivo a partir de este lunes cuando sea notificada la providencia- a los jueces de la Sala de lo Penal para que se pronuncien sobre si "existe el interés jurídico" que alega el fiscal para elevar el asunto al pleno.
Según establece el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los magistrados podrán ser llamados para formar sala aunque la ley no lo exija "cuando el presidente o la mayoría de aquellos lo estime necesario".
Cuando Grande Marlaska tomó posesión del cargo el pasado 16 de abril anunció que él no avocaría ningún asunto al pleno. De esta forma, sería necesario el acuerdo de al menos 10 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal acordaran resolver en sesión plenaria -sería la prevista para el próximo día 13- el recurso contra la excarcelación de Bolinaga.
En caso de que no se obtuviese esa mayoría, la providencia especifica que será la Sección Primera la encargada de estudiar la libertad del preso "de manera inmediata". Dicha Sección se encuentra integrada por el propio Grande Marlaska y los magistrados Manuela Fernández Prado –quien actualmente se encuentra disfrutando de una licencia de vacaciones-, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel y Nicolás Poveda Peña –la mayoría de ellos de corte progresista.
En el recurso interpuesto el pasado miércoles contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro de dejar en libertad al secuestrador de Ortega Lara, el Ministerio Fiscal pidió que fuese el Pleno de la Sala el que lo resolviera "teniendo en cuenta la importancia y complejidad de las cuestiones que suscitan, la repercusión que puede tener para otros casos similares que se puedan plantear y la necesidad de establecer criterios jurídicos uniformes en esta materia".