De poco han servido los llamamientos al diálogo y la concordia lanzados por Rubalcaba en el Comité Federal del pasado sábado y su afirmación de que el PSOE "nunca" respaldará un referéndum sobre la independencia. Tan sólo dos días después, y después de que Pere Navarro avisara de que las palabras "nunca y siempre son muy arriesgadas", el PSC ha aprobado una propuesta de resolución para someterla a votación en el Parlament que prácticamente iguala la declaración soberanista que consensuaron ERC y CiU.
El documento establece la posibilidad de que mediante una consulta o un referéndum, dicen, "legal", los catalanes "puedan pronunciarse sobre cuál debe ser el futuro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España".
La fórmula para hacer legal algo que por definición no lo es –el referéndum se celebraría sólo en Cataluña- es proponer una serie de cambios legislativos, incluida una "reforma federal de la Constitución" que incluya "el reconocimiento explícito y la garantía del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado" y "la realidad nacional catalana".
Añaden que "un sistema de soberanías compartidas es la mejor forma de gestionar las interdependencias existentes en el mundo global". Un reconocimiento de que la propuesta del PSC supone, en la práctica, la ruptura de la soberanía nacional recogida en el artículo 1.2 de la Constitución: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
Una Hacienda catalana
En el texto, de cuatro páginas, tienen especial relevancia los aspectos económico y lingüístico. En la reforma constitucional que proponen, propugnan, como Artur Mas, la creación de una "Agencia Tributaria catalana" que gestione todos los impuestos que se recauden en la región y que actúe "como única administración tributaria en Cataluña".
Piden también "capacidad normativa y responsabilidad fiscal" sobre todos los impuestos en Cataluña "en el marco de las competencias del Estado y de la UE". En la "exposición de motivos", critican duramente el actual sistema de financiación aprobado por Zapatero y Montilla en 2009.
El modelo lingüístico, blindado
El documento también hace una cerrada defensa del "vigente modelo lingüístico" en Cataluña y piden que la reforma constitucional incluya una mención al mismo "particularmente en el terreno educativo" y el "derecho a dirigirse en catalán a los organismos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal". Piden, además, "impulsar la oficialidad del catalán en la UE", el "uso del catalán en el Congreso y el Senado" –que también piden reformar para que sea una cámara territorial- y "la presencia en la UNESCO de las diversas lenguas y culturas de España".
Añaden, por otro lado, que la Constitución debe recoger que "futuras reformas" de la Carta Magna "en determinados aspectos" tienen que "contar necesariamente con el visto bueno de las comunidades autónomas".