Tal día como hoy, 1 de abril, pero de 2010, Libertad Digital llevaba en su portada la última campaña de acoso de los abogados de Ramoncín a todo aquel que haga humor en Internet sobre su persona o imagen: "Sobre Ramoncín, ni bromas: acoso a las webs humorísticas"". Sus abogados centraron sus esfuerzos en exterminar de Internet todas aquellas bromas, gráficas o escritas, que contuvieran o usaran como recurso al cantante.
Así lo publicaron los propios internautas, que denunciaron los correos que los abogados de Ramoncín les enviaron informando de que tenían "24 horas" para retirar los comentarios que consideraban "injuriosos" para su cliente. Era el caso del periódico humorístico El Mundo Today que publicó la noticia irreal de que "Ramoncín denuncia a su madre por llevar una foto suya en la cartera". La noticia gustó mucho entre los usuarios, que la enlazaron en sus blogs y en pocos días consiguió más de 60.000 visitas y numerosos comentarios.
Fue a raíz de esta denuncia cuando el dibujante de cómics Juanjo Escofet hizo saber que también había recibido uno de esos correos dándole el ultimátum de que eliminara en menos de 24 horas algunos de sus contenidos de Runtima-Error Cómics que, según ellos, injuriaban o calumniaban a su defendido si no quería que emprendieran acciones legales. Así lo hizo porque "lo único que podría hacer si me resistiera es comerme un puro y bien grande".
Ex miembro de la junta directiva de la SGAE, parecía querer ganarse la vida a base de ganar demandas contra aquellos que hacían humor con su persona. Sobre todo si atendemos a que hasta 2011 llevaba 18 años sin publicar un disco con canciones nuevas. En septiembre de 2007 la Justicia condenó a la web alasbarricadas.org a indemnizar con 6.000 euros a Ramoncín por los comentarios "atentatorios al derecho al honor del actor" que se publicaron en su foro bajo el epígrafe "El Rey del Pollo Frito, Ramoncín". Los más destacados decían: "Solamente abro este tema para expresar mi odio más visceral a este gilipollas"; "pedante, toca pelotas, farandulero, feo pasado por los quirófanos, mal artista, mal politiquillo, mal presentador de programas de televisión, chupacámaras, etc."; o "a ver si un día le da un paro cardíaco después de haberse metido todo el dinero en dietas en cocaína, menudo imbécil".
La web decidió recurrir la condena porque entendía que no eran responsables de las "opiniones de terceros" y que eran los usuarios los que llenan de contenidos los foros. Pero los abogados de Ramoncín siguieron con su cruzada y enviaron una serie de correos a varias páginas web a las que exigían la retirada en un plazo de 24 horas de todos los comentarios desfavorables hacia él.
La siguiente víctima del cantante fue el canal de Youtube de El Jueves que fue cerrado por unos vídeos en los que se burlaban de su empeño en perseguir las descargas de música por Internet. Dijo sentirse una "víctima" y que estaba "harto de la vulneración de mis derechos, de ser el pim pam pum, de insultos, de menosprecio. Yo no he cometido ningún delito". Dicha publicación se refirió a él como "el tío ese que iba de rebelde y luego se operó la nariz".
En diciembre de 2010 le llegó su primer varapalo judicial. Le condenaron a pagar las costas en el proceso contra 20 Minutos. El cantante actuó contra el diario gratuito por la inclusión en una noticia referida a él de comentarios que consideró injuriosos. Pidió la retirada de los mismos y una indemnización de 6.000 euros. Los jueces consideraron que el diario publicó la noticia acogiéndose a su "derecho a la información y como es habitual pueden realizar cuantos comentarios al respecto estimen oportunos".
Su última amenaza llegó tras la detención en julio de 2011 de Teddy Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores. Ramoncín se apresuró a despejar públicamente dudas acerca de su persona y advirtió "que a nadie se le ocurra apuntarme con el dedo por todo lo que está pasando, tomaré medidas legales contra el primero que lo haga". El 21 de diciembre de 2012, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputó a Ramoncín ya que consideraba que podría ser autor de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental en el Caso SGAE.