Una de las pruebas claves para el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ ha sido destruida por el Partido Popular, formación política que está siendo investigada en este procedimiento. El propio PP ha informado al instructor que se ha desecho de los libros de visita que incluyen los registros de entrada a su sede nacional ubicada en la madrileña calle Génova número 13.
El magistrado solicitó al jefe de seguridad del PP "información de los registros de entrada en el periodo de 2001 a 2008" para comprobar las visitas realizadas por los ocho constructores imputados en la causa donde se investiga esa presunta contabilidad B Alfonso García Pozuelo, Juan Miguel Villar Mir, José Luis Sánchez Domínguez (Sando), José María Mayor Oreja (FCC), Manuel Contreras (Azvi), Luis Fernando del Rivero (Sacyr Vallermoso), Juan Manuel Fernández Rubio y Antonio Vilela Jerez.
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 5, los populares alegan que estos registros fueron triturados mensualmente en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
Sin embargo, la citada ley en ningún caso señala que los datos personales de terceros deben ser destruidos mes a mes por las empresas privadas. En concreto, el artículo 4.5 expone que "los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados".
No obstante, la Instrucción/1996 de la Agencia Española de Protección de Datos sobre ficheros establecidos para controlar el acceso a edificios establece que "los datos de carácter personal deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de un mes, contando a partir del momento en que fueron recabados".
En un auto, Ruz solicitó el pasado 31 de mayo la remisión de estos libros de visita en el que ordenaba una batería de diligencias dirigida a esclarecer la presunta contabilidad opaca del partido elaborada por el extesorero Luis Bárcenas.
En esa misma resolución, el magistrado pedía la cuenta de gastos del partido entre 2004 y 2012. También reclamaba a la tesorera popular, Carmen Navarro, los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cataluña, La Rioja, Cantabria, Málaga y Sevilla entre ejercicios que van comprendidos entre los años 1997 y 2008.