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Griñán culpa a dos consejeros de Empleo del fraude en los ERE

José Antonio Griñán culpa a la Consejería de Empleo, sin embargo Alaya responsabiliza a la consejería que él presidió, la de Economía y Hacienda.

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La frase textual pronunciada por el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es: "Pero le digo que hechos que ocurrieron en la Consejería de Empleo no sé por qué se han llevado a la Consejería de Hacienda". Esto es, Griñán señala como núcleo de responsabilidad de lo ocurrido en la Consejería de Empleo. Pero consejeros de Empleo que tengan una estrechísima relación con el caso sólo hay dos: José Antonio Viera y Antonio Fernández. El primero es aun diputado socialista en el Congreso y el segundo, pasó por la cárcel tras ser imputado por la juez Alaya.

El País destaca la novedad en la interpretación del caso que ha subrayado Griñán. Hasta ahora, el uso de "fondos de reptiles" era un procedimiento legal usado por el gobierno socialista, pero en medio de la cadena "se coló un eslabón" que hizo un uso pérfido del procedimiento dando ayudas sin control y arbitrariamente. Por tanto, la responsabilidad era exclusivamente de Francisco Javier Guerrero y de quienes lo ampararon.

Por tanto, la consejería de Hacienda no tuvo nada que ver con el escándalo, consejería de la que fue titular entre 2004 y 2009, período álgido de las corruptelas de los ERE. Olvida Griñán las 15 advertencias de la Intervención, las modificaciones presupuestarias, su deber de velar por la Hacienda Pública y haber sido testigo mudo de lo que era un clamor.

Griñán votó el artículo que permite ahora su imputación

José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como todo el PSOE con voz, insisten en que el auto de la juez que instruye el caso de los ERE les provoca "indefensión", que carece de "repercusión jurídica", aunque sí "mediática", que era innecesario y que no cambia nada. Pero se sabe ahora que el propio Griñán, siendo diputado nacional del PSOE en 2002, votó a favor de la reforma procesal que ahora le afecta. Todo el PSOE alabó unánimemente el artículo 118 y 118 bis que ahora tanto le incomoda.

Cuenta ABC que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introdujo el artículo en el que se basa la juez Alaya, el 118 y188 bis, fue defendido e incluso aplaudida por el PSOE y aprobada en el Congreso de los Diputados en 2002 con 276 votos a favor de 280 diputados presentes.

El artículo, como ya hemos expuesto en estas páginas, permite que los aforados puedan ser informados de los indicios de delito que hay contra ellos –y de "defenderse" de los mismos– lo mismo que cualquier otro ciudadano no sujeto a aforamiento alguno (y antes incluso de que se comuniquen al tribunal superior al que corresponda investigarles).

La juez Alaya hace una crítica razonada de dicho artículo en su auto y expresa su criterio diciendo que deja a los aforados en una situación "extraña" y no elude los escándalos mediáticos. Pero la corrección de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que votó el PSOE es la que ha servido para informar a Chaves y Griñán de la existencia de un procedimiento en el que algunas declaraciones de otros imputados y diversos indicios apuntan contra ellos. Por ello, la juez , siguiendo el criterio del propio Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial les permite personarse en el Juzgado y prestar declaración en calidad de imputados. Es como lo quisieron el PP y el PSOE, que votaron la corrección en 2002.

El diputado del PSOE y ex militante de IU, Diego López Garrido, sostuvo entonces que la aprobación del artículo en cuestión, que ahora no gusta a Griñán ni a Chaves, impediría "la proliferación de querellas y denuncias mediáticas y la consiguiente e injustificada elevación de suplicatorios", puesto que los aforados podrían "ejercer su derecho de defensa en el sentido más amplio".


Las alertas del ex Interventor


Manuel Chaves fue presidente de la Junta hasta 2009. Es imposible que no tuviera conocimiento de que otro ex presidente andaluz, Griñán, entonces Consejero de Hacienda, recibió hasta 15 advertencias de la Intervención General. Según ella, la Junta había elegido una fórmula inadecuada –la transferencia de financiación– para el pago de las ayudas.

La Razón insiste en que esta fórmula estaba produciendo un importante descontrol contable. La Intervención señalaba claramente que la Junta estaba "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". La Intervención no abrió un informe de actuación porque no detectó menoscabo de fondos públicos, pero sí un informe especial que le llegó a Griñán, como a otros dos consejeros, en 2005. El ex presidente andaluz ha dicho reiteradamente que no leyó los informes porque no se los trasladó su viceconsejera y que no estaba obligado a actuar.

Desfases presupuestarios

Estos desfases alcanzaron los 95 millones de euros en 2005. El presidente era Chaves y su consejero de Hacienda, Griñán. Los desfases eran causados por la fórmula irregular elegida para el pago de los ERE. 95 millones de euros son 15.000 millones de las antiguas pesetas. Como apostilla el diario de Planeta, "¿El consejero de Hacienda no se interesó por unas anomalías contables que podían incluso afectar al déficit?" Y puede añadirse: "Chaves, ¿no se interesaba por una cantidad de dinero como esa?

Modificaciones presupuestarias

Griñán tuvo que conocer los desfases y sus causas, pero en lugar de resolverlas en un día, como le achacó el Interventor, siguió "cebando" el fondo de reptiles y con ello, el escándalo de los ERE. De hecho firmó, como su antecesora Magdalena Álvarez, sucesivas modificaciones presupuestarias para nivelar los desfases. Cuando dejó la Consejería de Economía y Hacienda en 2009, el problema estaba resuelto.

Sus modificaciones presupuestarias fueron calificadas por el ex Interventor como "cebar la corrupta partida de los ERE". Entre 2001 y 2009 estas modificaciones alcanzaron los 124.474.864 euros. Alaya menciona en el auto ya famoso estas modificaciones como bases del tinglado que posibilitaron"un uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación". Chaves no podía desconocer el uso de estos dineros

Velar por el uso del dinero público

La Razón recuerda que el auto por el que Alaya imputó a la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que antecedió a Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda (1994-2004), ya suponía prácticamente la imputación virtual del ex presidente andaluz. Alaya hacía hincapié en la responsabilidad del capitular de la Consejería de "velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda andaluza". Igualmente, el presidente de la Junta, cuya responsabilidad es general.

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