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El Gobierno, tras el fallo de Estrasburgo: se resolverá "individualmente" cada petición

No habrá cambios en la política penitenciaria del Gobierno. Vigilarán que no haya homenajes ni humillaciones a las víctimas.

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Los jueces revisarán los casos uno por uno y no se descarta que nuevos presos puedan recurrir nuevamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras serles denegada su puesta en libertad. Ése es el escenario que se abre ahora después de que el Tribunal de Estrasburgo haya hecho pública su sentencia favorable a la terrorista de ETA Ines del Río Prada y contraria a la aplicación, en su caso, de la Doctrina Parot.

En una comparecencia conjunta en el Palacio de Parcent, el ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han remarcado que la sentencia del tribunal europeo se refiere únicamente al caso de la sanguinaria terrorista que formó parte del grupo Madrid de ETA en los años ochenta. "El TEDH ha resuelto un recurso individual, sólo el de Inés del Río", han insistido.

Tras destacar que esta sentencia sólo podría afectar a todos aquellos que fueron juzgados por el Código Penal de 1973, y no a los que lo han sido posteriormente desde la reforma de 1995, Gallardón dijo que "la decisión de a qué presos se puede aplicar esta sentencia dependerá de los tribunales sentenciadores", quienes "tomarán las decisiones sobre las cuestiones prácticas" de la misma. "El Fiscal General del Estado hará un estudio profundo de la aplicación de la sentencia a cada preso", añadió.

Señaló que "los tribunales son los que dirán si son necesarios nuevos fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", es decir, planteó ya la cuestión de que nuevos presos que permanecen en la cárcel tras serle aplicada la Doctrina Parot deban acudir al Tribunal de Estrasburgo para obtener su libertad tras serle denegada por los tribunales españoles.

Por último, el titular de la cartera de Justicia adelantó que la indemnización de 30.000 euros a los que el tribunal europeo condena a España es "obligatoria", aunque aseguró -como ya había adelantado hace meses el ministro del Interior- que como la etarra "no ha sufragado la indemnización a la que fue condenada y que tenía que pagar a sus víctimas se aplicará la compensación". "No recibirá ninguna cantidad económica", remarcó.

Jorge Fernández Díaz recordó que el Gobierno considera que la Doctrina Parot "es justa con las víctimas del terrorismo" y "útil en la lucha contra el terrorismo", tras lo que aseguró que "la sentencia no afecta a lo esencial, que hace dos años que ETA anuncio el cese de la actividad terrorista y que lo hizo porque ha sido derrotada por el Estado de Derecho".

"La ETA que hemos conocido y sufrido durante décadas ya no existe, y no volverá", dijo, tras lo que aseveró que el Ejecutivo "seguirá trabajando en la total disolución de la banda terrorista". "No son palabras, son hechos. El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará con los terroristas. El Estado de Derecho no está en suspenso", añadió.

"Si hay excarcelaciones, se seguirá cumpliendo la ley. No se permitirán ni actos de enaltecimiento del terrorismo ni actos de humillación a las víctimas. Al Gobierno no le va a templar el pulso", advirtió ante los homenajes que realizan los acólitos de ETA a los etarras que salen de prisión tras cumplir sus condenas. Del mismo modo, afirmó que no habrá cambios en la política penitenciaria del Gobierno.

En esta línea, Jorge Fernández Díaz recordó que la operación policial llevada a cabo contra Herrira hace unas semanas, la estructura de ETA dedicada a dar apoyo a los presos que están en prisión y que se encarga de homenajearles cuando salen de la misma, y advirtió que "el Gobierno va a estar vigilante".

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