Tal día como hoy, 9 de octubre, pero de 2012, Libertad Digital contaba en su portada que el Congreso de los Diputados prohibió que la Generalidad de Cataluña convocara el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ante la proposición no de ley de ERC para transferir las competencias de convocatoria de referéndums a las comunidades autónomas, los tres partidos nacionalistas sumaron sus votos para tumbar la propuesta de Esquerra Republicana.
La votación terminó con los 276 votos en contra de los diputados del PP, PSOE, UPyD y UPN. Por el contrario, los votos 42 afirmativos de ERC, CiU, PNV, Izquierda Plural y Amaiur.
A pesar de este aviso, el desafío separatista liderado por Artur Mas empezó el 12 de diciembre de 2013 con la publicación de la pregunta para la consulta separatista y la fecha del referéndum, fijada para el 9 de noviembre de 2014. Artur Mas pactó con los líderes de ERC, ICV, EUiA y CUP que la pregunta de la eventual consulta soberanista en Cataluña fuera: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?". En caso afirmativo, habría una segunda pregunta sobre si querrían que ese Estado fuera independiente. En aquella multitudinaria comparecencia, Artur Mas se vanaglorió de que "hemos acordado todo, todo lo que se podía acordar". Por eso, además de la pregunta y la fecha, se pactó "el procedimiento que se va a desarrollar”.
Meses más tarde, Artur Mas continuó desobedeciendo y consumó el primer paso para separar a Cataluña del resto de España. El presidente de la Generalidad firmó el decreto de convocatoria del referéndum y se dirigió a los catalanes, a los españoles y a los europeos en una comparecencia revestida de un carácter pretendidamente histórico. El acto de la firma se llevó a cabo ante el gobierno en pleno, la mesa del parlamento catalán y los líderes de los partidos separatistas.
Dos días después el Consejo de Ministros dio el visto bueno a los dos recursos elaborados para hacer frente al desafío separatista. El presidente del Gobierno afirmó que "no quiero contemplar un escenario distinto que el de que Mas cumpla la ley". En su declaración institucional, el presidente del Gobierno prometió que "mientras sea presidente, la ley se va a respetar en toda su integridad. Que los españoles estén tranquilos. Todo el diálogo dentro de la ley y ninguno fuera de la ley". Además, recordó que "siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución, atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles".
Ese mismo día Artur Mas se encontró con la primera piedra en su camino hacia la independencia de Cataluña. El Pleno del Tribunal Constitucional acordó por unanimidad suspender la ley de consultas y la convocatoria del 9-N de acuerdo con la Constitución. El tribunal de garantías, reunido en un pleno extraordinario de urgencia convocado por su presidente admitió a trámite en un tiempo récord los recursos de inconstitucionalidad presentados ese mismo día por la Abogacía del Estado contra las pretensiones del Gobierno catalán. Esa decisión suponía la suspensión cautelar automática tanto de la ley de consultas como del referéndum ilegal por el plazo de cinco meses.