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La propuesta de Susana Díaz desata la furia de los aforados del PSOE

La presidenta de la Junta quiere obligar a dimitir a los aforados que resulten imputados. Los implicados están muy molestos.

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El anuncio de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, secretaria general del PSOE andaluz y presidenta del Consejo de Política Federal del PSOE, de obligar a dimitir a los aforados que resulten imputados y de exigir a UGT la devolución de más 15 millones de euros por uso indebido de las subvenciones a la formación, provoca las primeras reacciones.

El sindicato rompe relaciones con la Junta y el malestar de los aforados implicados en el caso ERE se hace patente, aludiendo a que Díaz no está por encima del Código Ético del PSOE vigente.

El anuncio de Susana Díaz pone en un brete al secretario general Pedro Sánchez, que tendrá que optar entre proponer cambiar el código ético o desautorizar a Díaz.

Los aforados implicados en el caso ERE a nivel nacional, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, fueron sorprendidos por el anuncio de la presidenta andaluza. Según El País, supuso una "sorpresa mayúscula" para estos aforados.

Los más importantes no hablaron públicamente pero el exconsejero de Empleo y diputado en el Congreso, José Antonio Viera, uno de los principales artífices del sistema de los ERE, expresó su desacuerdo con la intención de Díaz de adelantar la renuncia al cargo de los socialistas al momento de la imputación que, según el diario de Prisa, es más que probable.

Viera defendió el jueves que ni siquiera Susana Díaz puede saltarse el actual código ético del PSOE, que no depende de ella, sino del comité federal y en ese Código Ético se habla de dimisión cuando se llegue a la fase del juicio oral. La imputación sólo obliga al afectado a dar cuenta al Partido y a la Comisión Ejecutiva.

En efecto, en los puntos 12 y 13 de dicho Código Ético aprobado hace poco más de un mes de dice lo siguiente:

12. Presentaré mi dimisión inmediata si, ejerciendo cargo público u orgánico, se me abre juicio oral por un procedimiento penal por delito grave. Asumo que de no hacerlo se me suspenderá cautelarmente de militancia y podría resultar expulsado.

13. Si ejerciendo cargo o responsabilidad pública se me imputa por resolución judicial, daré cuenta de las acusaciones ante la Comisión Ejecutiva Federal.

Viera ha dicho que si se le obre juicio oral, "no esperaré a que el partido me lo pida, presentaré mi renuncia". Además, recalcó que su relación es "con la estructura federal, no con la regional. Somos diputados de España, para los intereses generales del país". Debe recordarse que Viera protagonizó un áspero enfrentamiernto con Susana Díaz en las primarias que dieron la victoria a Alfredo Pérez Rubalcaba por pocos votos.

Viera añadió que sólo si la dirección federal modifica el código ético y adelanta la retirada del acta al momento de la imputación, hará lo que dice Susana Díaz. El problema añadido es que si los aforados renuncian a sus actas antes de la apertura de juicio oral, la instrucción judicial podría trasladarse de nuevo del Supremo al juzgado de Mercedes Alaya.

Según El País, un aforado "anónimo" añadió que "hay un documento ratificado y eso es lo que está vigente. Hay un criterio y una cosa firmada, y si alguien tiene algo que decir diferente, que hable con los órganos del partido", defendió ante la petición de la secretaria general del PSOE andaluz. "El 80% de las imputaciones acaban en nada. Es evidente que la fiscalía no ve materia, porque si llega a ver materia, entra a saco. Esto es un juicio político, como todo el mundo sabe".

UGT rompe relaciones con la Junta

La exigencia de reintegro de 15,3 millones que la Junta ha hecho al sindicato UGT ha provocado la ruptura de relaciones. UGT Andalucía no acudirá a los actos institucionales organizados por la Junta ni asistirá a actos públicos convocados por PSOE e IU, que gobiernan juntos en Andalucía.

Según Europa Press, el sindicato adopta esta decisión ante el "trato injustificado e inmerecido" que dice que está recibiendo del Gobierno andaluz tras esa reclamación por "presuntas irregularidades". UGT ya había criticado al Ejecutivo de Susana Díaz por actuar "de forma inquisitorial" por "emprender injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen".

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