Hace dos días que Juan Manuel Sánchez Gordillo, discutido miembro de Izquierda Unida por su posible decisión de incorporarse a Podemos, se ha mofado de la ley (aprobada por cierto por IU en el gobierno de coalición) y de las normas del Parlamento que establecen la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y diputado. Tenía que dejar la alcaldía de Marinaleda para seguir siendo diputado y así lo anunció. IU denunció que iba a trampear la ley poniendo a una alcaldesa títere, pero finalmente ha sido peor. Ha decidido incumplir la ley por lo que podría ser expulsado del Parlamento.
Gordillo llegó incluso a convocar un pleno municipal para anunciar su dimisión pero el pleno fue suspendido y por ello seguirá siendo alcalde en la Marinaleda que ocupa desde 1979. ABC llama a lo ocurrido "burla", El Mundo "dimisión interruptus" y El País anuncia que el Parlamento andaluz lo expulsará si no entrega el acta de diputado.
Sus relaciones con Izquierda Unida estaban empeorando puesto que Sánchez Gordillo siempre olfateó que la nueva norma electoral, además de encaminarse a impedir que los alcaldes de las capitales del PP usaran la Cámara como caja de resonancia con efectos electorales espectaculares, iba dirigida a apartarlo de la vida política parlamentaria a él mismo y por la misma razón. Los últimos meses sus coqueteos con Podemos han sido evidentes si bien no parece que Podemos vaya a consagrarlo como héroe de la izquierda populista. Aunque a la dirección de Podemos se han incorporado algunos miembros próximos a la dirección del SAT y la CUT, las estructuras en las que se inscribe la acción de Gordillo, ni él ni Diego Cañamero han sido acogidos por la cúpula de la nueva formación emergente.
Por ello, su decisión, estando aún en IU y siendo diputado por IU, ha causado estupor en la formación porque ni siquiera se la anunció a su coordinador andaluz, Antonio Maíllo. Igualmente, los socios socialista del gobierno andaluz quedan incomodados porque fueron los que impulsaron el cambio de la normativa electoral.
El PP andaluz, que ha visto cómo cinco alcaldes populares, entre ellos Juan Ignacio Zoido, Esperanza Oña y Pedro Rodríguez, han tenido que dejar su acta, se encuentra ahora con la desobediencia de Gordillo a acatar la Ley.
¿Hay solución? No, puesto que la ley es clara. Ser alcalde y diputado simultáneamente es incompatible. Por tanto, si Sánchez Gordillo sigue siendo alcalde, será la Cámara andaluza la que tendrá que proceder a su expulsión, acto que será convertido en escándalo por los partidarios del aún alcalde de Marinaleda.
El presidente del Parlamento, el socialista Manuel Gracia, se dirigirá hoy a la Comisión del Estatuto de los Diputados de la Cámara para que aborde el asunto. El próximo miércoles se reúne esta Comisión que previsiblemente emitirá un dictamen sobre la incompatibilidad en un plazo máximo de ocho días. El dictamen será aprobado en el pleno del Parlamento que se celebrará en diciembre y tras él, el alcalde de Marinaleda será expulsado del Parlamento. , momento en el que se formalizaría la expulsión del regidor.