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El dueño de Fitonovo quiere implicar a la Guardia Civil en el caso Madeja

La empresa instaló un parque infantil en la comandancia de Montequinto en Sevilla, una obra que realizó sin que mediara concurso público.

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Los tentáculos de la empresa Fitonovo, cuyos propietarios y directivos están encausados por la juez Alaya, llegaban muy lejos según se desprende de las actuaciones del caso Madeja. Un parque infantil fue instalado gratuitamente en la comandancia de Montequinto de la Guardia Civil en Sevilla, una obra de 150.000 euros sin mediación de concurso público, a pesar de estar realizada en terrenos públicos adscritos al Ministerio del Interior.

La existencia del parque fue revelada por el dueño de Fitonovo, José Antonio González, ante Mercedes Alaya y el fiscal del caso, Federico Buero. El País añade que "un año después no hay constancia de que se haya investigado y ninguno de los responsables están imputados".

Dado que es la Guardia Civil la que investiga desde hace casi dos años a la organización "criminal" Fitonovo, ahora deberá investigar si benefició irregularmente a la propia Guardia Civil con el parque infantil.

Según el diario de Prisa, fue el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, el que medió en la operación. González lo declaró así en el Juzgado pero la transcripción de su declaración excluyó esta información sin que se tenga explicación del hecho. Por ello, González trasladó los hechos a la Audiencia en un recurso: "El único contacto que tuve con algún político y/o funcionario antes del macrocontrato de 2012 (...) fue a instancias (...) del entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, don Gregorio Serrano y del general o autoridad que aparentemente mandaba en dicho cuartel", decía en el mismo.

El empresario desveló que accedió a construir la infraestructura "para congraciarse con el nuevo equipo de gobierno" dirigido por Zoido. "Me pidieron -Serrano y el general- en un almuerzo que tuvo lugar dentro del propio cuartel que construyera un parque infantil para los familiares de guardias que allí viven, a lo que accedí, sin que existiera ni concurso ni licitación alguna, coste que nunca fue abonado ni por la Guardia Civil ni por el Ayuntamiento". El imputado precisaba que el relato suponía "cierta autoinculpación" y que contaba esto a la investigación "para aclarar los hechos, delictivos o no, y para asumir en su caso, las consecuencias de los mismos", y sobre los que "la instructora no había preguntado".

El País detalla que Serrano, actual concejal de Empleo, derivó este martes la responsabilidad en el Instituto Armado. El edil asegura que solo recomendó a González que acudiera a la Guardia Civil. "Le dije que tenía allí ese potencial cliente y que se acercara a ver qué podía hacer por ellos, pero desconozco que ocurrió, si hizo el trabajo, si lo cobró, si era de 150.000 o de 1.000 euros", comentó el concejal, que añadió: "Había visto un pequeño terreno de albero que hacía falta que fuera transformado con césped para los niños de la Guardia Civil". El concejal aseguró también: "Se lo comenté, algo que no tiene trascendencia pero visto en ese contexto ahora parece que sí la tiene".

La fiscalía considera que los hechos pueden ser revisados en cualquier momento dado que la instrucción permanece abierta, para así determinar si ha existido delito. En tal caso, sería la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien tendría que investigar en la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto (Sevilla) y a sus mandos.

No son nuevo los intentos de implicar al gobierno popular en el caso Fitonovo pero luego no prosperan. Por una parte, se ha dicho que el funcionario Francisco Amores, imputado en el caso, desveló en un pinchazo telefónico que tenía documentos que podrían perjudicar al alcalde Juan Ignacio Zoido y que los guardaba en la caja de seguridad de un banco. Pero cuando fue preguntado al respecto, Amores se retractó sobre la existencia de dichos documentos supuestamente comprometedores para el regidor popular. Zoido le advirtió de una querella criminal por calumnias.

Igualmente, el exconcejal y exdirector de área sevillana del PP Joaquín Peña ha sido señalado por haber pedido dinero para el PP a Fitonovo, pero el alcalde Zoido lo fulminó de manera inmediata cuando se tuvo conocimiento de su participación en el caso Enredadera.

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