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El control de las televisiones (1)

En 1982 el control de la televisión era sencillo porque sólo había una entidad emisora pública y dos canales.

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Tras la victoria política abrumadora del PSOE en 1982, tanto en España como en Andalucía, el control de la televisión era sencillo porque sólo había una entidad emisora pública y dos canales. La TVE 1 y la TVE 2. En Andalucía, se trataba de controlar las desconexiones que se hacían en la transmisión nacional de RTVE con destino exclusivo al territorio andaluz. Para el éxito de aquella primera faena, el PSOE designó en 1983 como director de la Radio Televisión de Andalucía a Antonio, Tom, Martín Benítez, un periodista afincado en Madrid pero lejanamente oriundo de la tierra y ahora en Canal Sur.

Las teles y vídeos comunitarios "ilegales"

Junto a la televisión oficial, existían una serie de emisiones ilegales de televisión, vídeos comunitarios e inventos varios que apenas interferían la influencia política y social real de la única televisión existente. De todos modos, no existe una investigación sistemática acerca de al amparo de quién y cómo fueron creciendo las televisiones locales, públicas y privadas, piratas o alegales.

En 1986, existían en Andalucía un total de setenta empresas dedicadas al vídeo comunitario. De ellas, el ochenta por ciento estaban ubicadas en Sevilla. Los argumentos, esgrimidos por los gobernadores civiles para declarar ilegales los vídeos comunitarios se basaban en que la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales, cuya responsabilidad es exclusiva del Estado, un Estado que aún no había dado luz verde a las televisiones privadas. Peor hubo contienda jurídica

En 1995, ya había 76 y todas ellas, naturalmente, alegales cuando menos y piratas siempre. En 1995, Andalucía concentraba el 63 por ciento, nada menos, de la piratería audiovisual española y la mayoría de vídeos comunitarios y televisiones locales no pagaban derechos de autor.

En 1995, en el mes de octubre, ABC ofreció el siguiente cuadro:

Puede comprobarse que muchas de las TV piratas que se muestran corresponden a Ayuntamientos que estaban gobernados por el PSOE. A finales de 1996 existían 122 televisiones locales funcionando en Andalucía, de las que 32 eran municipales y 90, privadas. Del total, 8 televisiones municipales y 38 privadas estaban funcionando a finales de 1996 sin el correspondiente permiso provisional suficiente antes que la Junta otorgase las licencias definitivas. "Antes de expedientar a esas televisiones" el Gobierno quiere aclarar el procedimiento aprobando mediante decreto el reglamento de concesiones, las sanciones y el régimen de funcionamiento", subrayó Gaspar Zarrias, consejero de Presidencia de la Junta.

Todavía en 2001, el todopoderoso virrey de la comunicación socialista en Andalucía, Zarrías, no tenía legalizado el patio televisivo pirata andaluz. De hecho, se propuso ampliar las licencias para legalizar "todas las TV locales que permita el espacio radioeléctrico". En aquellos momentos, Zarrías reconoció que existían un total de 93 emisiones que ocupaban 271 canales. De ellas, el mayor número procedía de Málaga, que tenía 22, seguida de Sevilla, con 19 y de Cádiz, con 17. Granada tenía 12 y Almería 8, mientras que Córdoba, Jaén y Huelva sólo tenían 5.

¿Por qué este retraso? Porque de hecho la situación beneficiaba electoralmente al PSOE. Sorprendentemente, la Junta Electoral Provincial acordó, por ejemplo, en junio de 1999 suspender "de inmediato las contrataciones de espacios de publicidad electoral en emisoras privadas y por cable de televisión local, así como la emisión de los espacios ya contratados", lo que da una idea del trabajo y la extensión de las televisiones ilegales andaluzas 15 años después de la llegada del PSOE al gobierno regional.

IU denunció que Canal 47, un canal propiedad de un destacado militante socialista de Alcalá de Guadaira, estaba emitiendo publicidad del PSOE. Concluyendo, debemos considerar que el PSOE andaluz apoyó de hecho las televisiones ilegales o piratas en cuanto le beneficiaban políticamente en determinadas poblaciones y también porque algunas de ellas estaban en manos de importantes socialistas.

El tránsito de Telesur

Antonio Tom Martín Benítez fue el encargado de "mostrar" el cambio en la única televisión pública y oficial andaluza, conocida como Telesur, para lo que contó con dos horas aproximadamente de emisión regional desconectándose de la emisión nacional de RTVE, y con equipos procedentes de las diferentes sensibilidades próximas al PSOE, a la izquierda en general y algunos elementos del PCE.

Los profesionales de televisión heredados de las administraciones franco-centristas fueron claramente orillados y arrinconados de manera inmisericorde, sin examen alguno de sus méritos y cualidades, con escasas excepciones. Los nuevos equipos fueron contratados a dedo por la nueva dirección general sin mediación de prueba alguna. Todos sus programas, especialmente los informativos, eran estrictamente controlados por el ejecutivo andaluz a través del nombramiento de sus directores y, no pocas veces, de los propios periodistas responsables de la información. Las dos alas políticas básicas del socialismo andaluz por aquel entonces, guerristas (en realidad, en ese momento oficialistas y centralistas) y borbollistas, dividieron a los periodistas y comunicadores de entonces y las manipulaciones sistemáticas del sucesor de Martín Benítez, Francisco Cervantes Bolaños, luego director de Canal Sur TV, especialmente en todo lo relativo al referéndum de la OTAN, agriaron el panorama del "cambio".

Su comportamiento sectario llegó a ser de tal nivel que sus fechorías llegaron hasta el Defensor del Pueblo. El presidente regional de AP, Gabino Puche, remitió tres escritos al Defensor del Pueblo Andaluz en los que solicitaba la intervención de esta institución para investigar diversas denuncias en TVE Andalucía. Una de, ellas se refería a las «purgas ideológicas y el trato vejatorio» aplicado a algunos profesionales no afines al socialismo.

Pero Telesur fue siempre una pieza menor y de transición que se mantenía sin influencia real en la población andaluza. Naturalmente, el proyecto fundamental del PSOE andaluz fue desde el principio la televisión autonómica, pero guardar las apariencias ante las circunstancias económicas y sociales y ceder la primacía a las "nacionalidades históricas" impidieron la puesta en marcha del proyecto unos años.

En abril de 1984, José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta tras la "defenestración" de Rafael Escuredo, anunció su renuncia a poner en marcha la televisión regional andaluza. El desestimiento, naturalmente, fue puramente formal, propagandístico y demagógico como denunciaron derecha e izquierdas. En realidad, desde el primer momento se empezaron a poner las bases para la constitución y funcionamiento de lo que hoy se conoce como "Canalsú" en toda Andalucía. De hecho, sólo dos años más tarde y con parecidas circunstancias económicas, ya se anunciaba la intención del PSOE andaluz de dar paso al nuevo canal que anticipaba sin rubor alguno su "acentuado carácter gubernativo" al decir de Izquierda Unida.

En resumen, desde 1982, la conciencia de los andaluces podía ser asaeteada ideológicamente desde los siguientes frentes televisivos: La Uno, cadena nacional pública, en manos del PSOE desde 1982. La Dos, cadena nacional pública, en manos del PSOE. Los vídeos comunitarios, en manos de pequeños empresarios de barrio o ciudad y consentidos por el PSOE, enfrentados a los videoclubes por la emisión asimismo pirata de películas, sobre todo, pornográficas. Las televisiones locales públicas, en manos de los alcaldes, casi siempre del PSOE, y en menor medida de IU y PA, que también pirateaban las películas de los videoclubes.

Las televisiones locales privadas, de difícil análisis dado el tiempo transcurrido y la opacidad con la que operaban, es probable que asimismo fueran "amigas" o neutrales al menos con el nuevo poder socialista. Las televisiones privadas, que aliviaron un poco el control asi total de las televisiones, y el tercer canal vendrían después.

Andalucía, paraíso de las televisiones locales

Según el censo elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC),en 1999, había nada menos que 229 emisoras locales de televisión alimentados sobre todo por la permisividad administrativa, una permisividad que sólo tiene sentido si beneficiaba al partido del gobierno en Andalucía.

"En el revoltijo de la televisión local, se ven claras extensiones no tanto de políticas informativas, que son las que atienden el interés público, sino de relaciones de poder, esto es, la complicidad del poder político con los agentes del mercado para la obtención de plusvalías políticas (contenidos favorables, imagen de sus líderes, etc.)", escribía Bernardo Díaz Nosty en su libro sobre los medios andaluces. Pero no se olvide que en la inmensa mayoría de los casos, los Ayuntamientos andaluces estaban y están gobernados por el PSOE, partido que más tenía que ganar en el "revoltijo".

El amor a la legalidad del gobierno socialista sólo se manifiesta cuando el perjudicado va a ser un adversario político. No en otro caso. El propio Canal Sur 2 Andalucía estuvo emitiendo ilegalmente durante más de 3 años.

El favor de las Cajas de Ahorro andaluzas a Prisa

La alianza entre Prisa y el PSOE, muy especialmente tras la llegada de Manuel Chaves al gobierno andaluz, fue completa como explicó muy claramente un gran conocedor de los entresijos del grupo de Jesús Polanco, Jesús Cacho. Según analizaba en El Confidencial en 2006, "Localia era la apuesta de Juan Luis Cebrián para conseguir una televisión en abierto. Finalmente, sin embargo, se impuso el proyecto de Javier Díez Polanco, su rival dentro del grupo, y se optó por ‘liberalizar’ Canal Plus y crear Cuatro." La crisis de Localia estaba servida.

Pero en Andalucía la crisis de Localia, que aún colea con centenares de periodistas y técnicos despedidos, parecía increíble en el año 2000, año de los planes de expansión de la cadena. Localia TV de Sevilla comenzó su andadura en 2001, en plena euforia política del Partido Popular que había ganado en 2000 las elecciones generales por mayoría absoluta. Nadie dudó entonces que la inauguración de Localia TV en Andalucía era un mecanismo de seguridad para blindar el "régimen socialista" andaluz ante un posible e inesperado crecimiento del PP en el Sur.

Localia TV era parte de la sociedad Promociones Audiovisuales Sevillanas, en la que Pretesa (Grupo PRISA) tenía un 70%. Curiosa y escandalosamente, el otro 30% estaba repartido entre las dos cajas de ahorros sevillanas, El Monte y Caja San Fernando. Nada explicaba la presencia de estas dos entidades sevillanas en el accionariado de Localia TV salvo el amiguismo existente entre el fundador del grupo Prisa, el fallecido Jesús Polanco y el grupo de Felipe González, del cual forma parte Manuel Chaves. Pero tampoco era algo tan extraño. No era la primera vez que Chaves utilizaba las Cajas para favorecer operaciones mediáticas "amigas", como se ha puesto de manifiesto en otros capítulos de esta serie.

En el caso de Localia TV Jaén, inaugurada en 2002, se intentó que la Caja provincial de Ahorros corriera con los riesgos de la situación de la cadena de Prisa. Luego dijo Jaén Digital: "Los nefastos resultados económicos de Localia TV en Jaén se deben a la inviabilidad de un proyecto basado, casi de forma exclusiva, en la propaganda política a favor del PSOE. Los clientes han dado la espalda a Localia al no poner en antena una oferta televisiva rigurosa y de calidad. Acumular, en apenas dos años de existencia, 600.000 euros en pérdidas es la prueba evidente de ello.

Naturalmente, la casi totalidad del equipo de profesionales que integraban la emisora y los colaboradores que aportaban el periódico provincial de PRISA, Diario de Jaén (conocido como La Gaceta Roja) y Radio Jaén SER, eran fieles seguidores de la doctrina socialista, versión Gaspar Zarrías.

Pero a sabiendas de que la emisora no iba a ser rentable, tanto la Caja de Jaén como la Caja de Granada se vieron obligadas a incorporarse a la sociedad.

Poco antes de su crisis definitiva, Localia TV contaba en Andalucía con un verdadero arsenal mediático compuesto por 19 emisoras locales de televisión, ocho de ellas instaladas en cada una de las capitales andaluzas y el resto en importantes municipios.

La propaganda de Prisa, aún en 2007, hacía de Localia la red de televisión local más vista de España. En noviembre de 2008, se comunicaba a la CNMV el cese de la actividad de Localia TV

Sin embargo, en Andalucía no se ha investigado nunca la envergadura de la "roncha" que sufrieron las Cajas de Ahorros implicadas en Localia.

Más favores al grupo PRISA

No debemos olvidar que no son éstos los únicos favores que el grupo Prisa recibe del gobierno socialista de la Junta de Andalucía.

Desde la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional en abril de 2005 hasta mayo de 2006, el 32,5% del dinero destinado a prensa escrita había ido a parar a medios del Grupo de Jesús de Polanco, según informaba El Mundo. En esos meses, cifras oficiales de la Junta indicaban que de los 8,9 millones de euros invertidos en publicidad institucional en Radio, Prensa y Televisión, 1,5 millones habían sido destinados a medios del Grupo Prisa y 2,1 millones se han invertido en Canal Sur, la TV autonómica del Gobierno andaluz. Entre los medios del Grupo Prisa más beneficiados por este generoso reparto se encuentraban El País, El Correo de Andalucía, El Correo de Málaga, Diario Jaén, Odiel Información, AS, Revista 40 y la Cadena Ser.

En el trienio 2003-2005, la facturación pubicitaria de la cadena del Grupo Prisa con cargo a la Administración andaluza superó el millón de euros, una cifra con la que no podía soñar ninguna de sus competidoras, ya que en el mismo periodo Onda Cero no llegó a ingresar los 345.000 euros de la Junta y la Cope apenas si superó el cuarto de millón. Por lo tanto, a la Ser le tocó casi el 63% de la tarta publicitaria autonómica. Aunque no se supo hasta febrero de 2007, la Junta de Andalucía, vía Consejería de Cultura y su Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, pagó a El País nada menos que 232.000 euros con el objeto de "publicitar" en prensa la ya famosa Feria del Libro de Guadalajara, Méjico, durante el último cuatrimestre de 2006, a la que Manuel Chaves invitó "gratis total" a centenares de personas.

Tal vez en justa correspondencia, la portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Oña, era expulsada como tertuliana de la Cadena Sera principios de 2008 por denunciar en la Cadena Cope las irregularidades cometidas por Manuel Chaves y las chapuzas en la gestión del AVE de Magdalena Álvarez y la política de contratación de publicidad institucional por parte de la Junta de Andalucía.

La llegada de la Televisión Digital Terrestre

En la distribución de las licencias regionales de Televisión Digital Terrestre, Gaspar Zarrías y Manuel Chaves habían concedido a Prisa, Grupo Joly y Prensa Ibérica –grupos amigos – tres de las cuatro licencias disponibles dejando una al grupo Vocento, vinculado al centro derecha. Naturalmente, ni la COPE ni ningún otro grupo más o menos relacionado con opciones liberales o conservadoras tuvo la más mínima opción. Recuérdese que fueron un primo de Gaspar Zarrías, José Carlos Alarcón Arévalo, y el propio Zarrías los que habían comandado la estructuración de los medios de comunicación en Andalucía desde hace casi dos décadas.

Quedaba pendiente el proceso de adjudicación de la televisión digital terrestre local en Andalucía, proceso que fue calificado desde muchos sectores como un auténtico monumento al sectarismo y a la arbitrariedad, perpetrado por la Junta de Andalucía con criterios puramente ideológicos y partidistas, ajenos a cualquier atisbo de lógica empresarial, y que deja el mapa audiovisual andaluz con un gran caos y un gran desconcierto e incertidumbre".

El grupo COPE puso el dedo en la llaga: "El grupo considera asimismo "preocupante" la concentración de medios que se produce tras estas concesiones, especialmente a favor del entorno del Grupo Prisa. La Junta de Andalucía en su momento concedió canales de TDT autonómicos a Localia y Vocento. Ahora la Junta de Andalucía concede licencias locales a Agrupación Radiofónica, una empresa que participa en el capital de Localia, en demarcaciones con mucha población como las de Algeciras, Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga y Córdoba".

Los grandes "perdedores" de la distribución de licencias del PSOE fueron la COPE, que no obtuvo ninguna a pesar de sostener una cadena local nacional de TV, el grupo de El Mundo y los componentes de Acutel, la asociación que acoge a las televisiones locales que tienen en los Ayuntamientos gobiernos del PP. Más claro, parece imposible.

De las 163 licencias concedidas, 42 han ido a Green Publicidad y Medios, 25 a Local Media TV y 10 a Prisa. Esto es, entre los tres, acumulan nada menos que 77 emisoras. El resto han ido a grupos menores, pequeñas empresas y particulares.

Green Publicidad y Medios (CRN), de Castilla la Mancha, tenía excelentes relaciones con el PSOE. Domingo Díaz de Mera, uno de sus accionistas, lo era, a su vez, del aeropuerto de Ciudad Real, una de las causas de la ruina de Caja Castilla la Mancha. Ignacio Barco, Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja fueron agraciados por la caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó que Chaves estuvo a punto de salvar arriesgando a Unicaja, por créditos a sus sociedades patrimoniales (SOLVENTIA, INDOMA y SACRESA) por un valor total de unos 700 millones de euros, dinero está aún sin pagar.

Del segundo grupo, Local Media TV sólo cabe decir que era un grupo de televisión que comenzó su andadura con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y que, pese a su juventud, ya había conseguido disponer de numerosas licencias en diferentes regiones españolas. Contaba entonces con 115 televisiones locales que emitían a través de ondas y 76 televisiones locales de cable. De Localia, ya sabemos de quién era aliado.

El PP lo resumió así: "En efecto, señor Consejero, ustedes no han sido neutrales nunca. Son insaciables en el control de los medios de comunicación. Incumplen también con la RTVA, el Estatuto en su Artículo 10.3 y el 211 sobre independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad establecida en el Estatuto. Y, por supuesto, lo han sido también en la concesión de televisiones digitales terrestres locales privadas. Un proceso, como le decía, lleno de arbitrariedades y de favoritismos. Como todos sabemos, un 65% de esas televisiones se han concentrado en grupos afines al Gobierno. Uno de los cuales ya ha experimentado incluso suficientes cambios como para revocarles sus licencias al sobrevenir cambios en los méritos con los que concurrieron".

Pero es que el propio Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, lo denunció así: "Bueno, veamos cómo se ha hecho el reparto y nos enteraremos un poco de lo que está pasando: Green Publicidad y Medios, 36 canales concedidos, 36 emisoras; Alternativas de Medios de Comunicación, 19; Agrupación Radiofónica, 10; y más de 24 empresas asociadas directa o indirectamente al Grupo Prisa que reciben concesiones en poblaciones de máxima relevancia. Por ejemplo, Productora de Televisión de Almería —anote—, Comunicaciones Canal 19, Cancionero S.L., Estepa de Comunicaciones, Multimedia Jiennense, y Alhambra Radio y Televisión.

Tenemos que tener en cuenta que de las tres empresas que más concesiones reciben ninguna es andaluza: Green Publicidad, de Castilla-La Mancha, 36 emisoras; Alternativas de Comunicaciones, de Madrid; y, Agrupación Radiofónica, de Galicia...Pero hay algo más: los programas. Los programas se van a emitir en cadena, en cadena, con lo que se rompe el espíritu de la ley, de la norma y del concurso. Estas tres empresas son afines al PSOE de Andalucía y se puede comprobar. Pero, además, las otras 24 empresas cercanas o afines al Grupo Prisa también van a emitir en cadena".

Y, por supuesto, el PSOE andaluz disponía ya desde 1988 de Canal Sur Radio y Televisión y sus empresas satélites, algo que veremos en el capítulo siguiente de la serie.

La serie completa:

I La ocupación de la Administración

II La ocupación de la administración local

III Externalización, administración paralela y libre designación

IV Subvenciones, contrataciones, sector público

V La ocupación de las Cajas de Ahorro

VI Complicidad y dependencia de CEA, UGT y CCOO

VII Control de la publicidad institucional y de la prensa escrita

VIII El control de las radios

En España

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