Desde 2009 al menos, Libertad Digital ha puesto de manifiesto las coincidencias socialistas que se dan en torno al negocio de nuevo creciente de la minería en Andalucía tras haber impulsado su postergación y cierre en la primera parte de la década de los 2000. Ya sea por la presencia de personas de la órbita del PSOE andaluz, ya sea por decisiones de la Junta, ya sea por la presencia sindical en los ERE, la minería andaluza cae ahora bajo la lupa de la Fiscalía y de los Tribunales. El último caso es la anulación por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de la resolución de la Junta de 7 de abril de 2009 que permitió la reanudación de la actividad de la mina Cobre las Cruces en las inmediaciones de Sevilla.
La decisión viene a significar una victoria de la organización Ecologistas en Acción que lleva años denunciando la explotación por diferentes razones. Ahora la Sala aduce un motivo formal, esto es, que para haber dictado la resolución de apertura la Junta debía haber contado con la autorización del sistema de drenaje-inyección de agua necesaria para la extracción de mineral.
Aunque la Junta y la entidad Cobre las Cruces se opusieron al recurso presentado por Ecologistas en Acción, el TSJA argumenta que fue la propia Administración autonómica de Minas la que reconoce reconoce que debía mantener la "suspensión temporal de labores en el fondo de la corta en la explotación de la denominada Las Cruces, ordenada por resolución de la Delegación Provincial, de fecha 14 de mayo de 2008, estableciéndose que la duración de la suspensión estará condicionada al levantamiento de la suspensión de la autorización del drenaje-inyección por parte del organismo de cuenca".
Pero no se respetó el propio acto de la Junta pues si no se levantaba la suspensión vigente no se podían autorizar los trabajos mineros. Por tanto, como el levantamiento de la suspensión de profundización de la corta "ha acontecido antes que el levantamiento de la suspensión del sistema de drenaje-reinyección con la llana consecuencia de la resolución impugnada incumplió de manera grave el condicionado del previo levantamiento de la suspensión de la autorización del drenaje-inyección por parte del Organismo de Cuenca".
Ecologistas en Acción sostiene pues que la mina nunca debió abrirse y que hay que dar marcha atrás. Además, subrayan la presencia de órdenes políticas en la reapertura de la mina sin tener en cuenta la seguridad de los acuíferos que subyacen a la instalación. Fue Manuel Chaves, expresidente de la Junta ahora imputado en el caso ERE, el que aprobó la reapertura y los ecologistas amenazan con denunciar a cuantos Consejeros de la Junta han intervenido en la ilegalidad.
Ecologistas en Acción ha llamado la atención sobre las "prisas" de la Junta para permitir a Cobre las Cruces volver a la actividad y destaca que la autorización se aprobó, precisamente, pocos días antes de que Manuel Chaves abandonase la Presidencia para poner rumbo a Madrid tras ser llamado a formar parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Prisas parecidas con el resultado de irregularidades son las que la justicia investiga ahora en el caso Mina de Aznalcóllar.
Socialistas y sindicalistas en acción... minera
El gran escándalo de la década del 2000 fue la presencia de la hija de Manuel Chaves, Paula, como abogada y apoderada de Minas de Aguas Teñidas, SA, en la provincia de Huelva, a la que Chaves, en su calidad de presidente de la Junta y estando presente en el consejo de gobierno que lo decidió, regaló en calidad de incentivo 10 millones de euros a la mina donde trabajaba su hija. El escándalo fue general y hasta el momento, a pesar de las denuncias y querellas, el caso quedó en nada.
El otro hijo de Manuel Chaves, el "comisionista de la Junta", Iván Chaves, participó asimismo en un negocio relacionado con Minas de Riotinto. Iván Chaves se dedicó a quitar obstáculos públicos y privados a los proyectos de Severiano López Martín, el dueño de la Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales y en su día asesor de Juan Guerra. Su compañía estaba vinculada contractualmente a través de Cexmark Soluciones al hijo de Manuel Chaves.
Ya se sabía que López Martín tenía intereses urbanísticos más que mineros en la localidad onubense de Minas de Riotinto. En diciembre de 2005, Severiano López se hizo -a través de Rumbo 5 Cero SL y por sólo 2,8 millones de euros- con 1.200 hectáreas embargadas a la antigua compañía minera Minas de Río Tinto SA (MRT) en una "subasta" de la Agencia Tributaria. Iván Chaves firmó con López un contrato por 30 años que expirará, suponemos, en el año 2038, un modo nada habitual de operar en ningún negocio.
Pero hay más. En el negocio de Severiano Löpez Martín aparecen otros socialistas de pro. Javier Pérez Royo, al que llegó a conocerse en la comarca como el ángel es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, columnista de El País, tertuliano de Canal Sur y asesor habitual de la presidencia de la Junta. Pues el ángel se presentó en abril de 2006 ante el alcalde de Riotinto, el socialista José Manuel Delgado, como el representante legal de Rumbo 5.0, la empresa que pujó en una subasta convocada por la Agencia Tributaria y se quedó las 1.200 hectáreas de la mina por 2,8 millones de euros, al parecer una cantidad irrisoria teniendo en cuenta su riqueza minera y ecológica.
Tras la empresa pantalla estaban la empresa Vía del Atlántico y la Compañía de las Indias Occidentales, ambas afectadas por el virus de la multiplicación de los panes y los peces. La primera creció en 2004, poco antes del proyecto más de un 200 por cien y la segunda auymentó sus beneficios en 2004 en más de un 2.000 por cien cuando un año antes daba pérdidas.
Por si fuera poco, Pérez Royo administraba un despacho -Estudio Jurídico Itálica- en común con Amparo Rubiales Torrejón, amiga personal de Manuel Chaves, que ha pasado por numerosos cargos políticos en la Junta, en el gobierno y en el parlamento español -ahora es consejera de Estado-. Otra coincidencia arroja el hecho de que su estudio era cliente de Iván Chaves.
Todavía más. Recuérdese que la Policía ha mencionado a la empresa que asesora Rubiales, Ayesa, como autora de un posible espionaje industrial al facilitar el proyecto de Emerita a su competidor Minorbis, que presentó ante la Junta una propuesta muy similar a la de Emerita.
Añadamos el caso EMED Tartessus, que fue presidida nada menos que por el exconsejero de la Junta de Andalucía, Guillermo Gutiérrez Crespo, alias Willy, y donde trabajaba además el hijo del más poderoso de los dirigentes socialistas sevillanos desde 1979, José Caballos Mojeda, precisamente el mentor y protector de José Antonio Viera, ahora imputado en el caso ERE y gran benefactor - irregular -, de la Sierra Norte sevillana.
Todavía nos queda el caso Aznalcóllar, cuya extraña adjudicación a una sociedad, Minera los Frailes, que ni siquiera se presentó al concurso, ha motivado una investigación judicial. En el caso, aparecen las empresas de la familia Magdaleno, Magtel y Minorbis, habitualmente ligadas al PSOE. Tuvo negocios con el alcalde socialista de Chipiona (Cádiz) y obtuvo cuantiosas subvenciones de la Junta.
Pero hay una sorpresa. En la empresa Emerita Resources, que ha denunciado las irregularidades existentes en la adjudicación de la explotación de Aznalcóllar, en la que se comprometió directamente la propia Susana Díaz, participaba como asesor el sobrino de Felipe González Márquez. Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno, ex alto cargo de la Junta de Andalucía e implicado en algunas vertientes del caso Invercaria, asesoraba a la compañía canadiense Emerita Resources desde septiembre de 2013, ocho meses después de que abandonara a petición propia la Administración autonómica. Precisamente la consejería donde figuraba adscrito González Mejías, era la que debía resolver el concurso y elegir a la adjudicataria.
Sobre la participación de los sindicalistas en los ERE de las zonas mineras, el sumario de la juez Alaya refleja asuntos verdaderamente preocupantes. Mencionemos sólo el que UGT y CCOO se llevaron más de medio millón de euros del ERE de Minas de Riotinto, entre otras muchas cosas.