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Rivas Vaciamadrid, escenario de posibles operaciones irregulares de la cúpula de Caixanova

La Audiencia Nacional llama a 17 personas vinculadas con la caja de ahorros en una de las siete operaciones sospechosas que ha notificado el FROB.

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Rivas Vaciamadrid, escenario de posibles operaciones irregulares de la cúpula de Caixanova
Julio Fernández Gayoso, exdirectivo de Caixanova | Archivo

El escándalo en las cajas de ahorro se fija de nuevo en Caixanova. En sus directivos, en empresarios y en personas vinculadas con sus negocios. La Audiencia Nacional investiga a 17 de ellos por la concesión de un crédito de 67 millones de euros para la compra de un solar en Rivas Vaciamadrid, una operación inmobiliaria alertada por el FROB. En su escrito de acusación, Fiscalía Anticorrupción detecta posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Nueve declaran este martes y seis el miércoles ante la juez instructora Carmen Lamela, de los dos restantes, uno ha fallecido y el otro se ausentará por enfermedad. Forma parte de un conjunto de siete operaciones impulsadas por Caixanova y Caixa Galicia, que habrían provocado un daño patrimonial global de 600 millones de euros a la caja y a la financiera inmobiliaria Proinova SL, según sospecha el mismo FROB. Guardarían relación con créditos o refinanciaciones vinculadas al ladrillo.

Entre los investigados se encuentran Gregorio Gorriarán Laza, director general adjunto y consejero delegado de Financiación Inmobiliaria Proinova SL; Domingo González Mera, subdirector general de Caixanova; José Luis Pego, director general Caixa Nova; o Julio Fernández Gayoso, presidente comisión delegada de Caixanova. Ostentaban estos cargos en 2010, momento en que presuntamente se produjeron los desmanes.

La Audiencia Nacional condenó el pasado octubre a Gorriarán y Pego, en un caso de cobro indemnizaciones millonarias en cajas de ahorro gallegas, como culpables de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. En la misma causa, el juez consideró a Gayoso cooperador necesario. Los tres se enfrentan a penas de dos años de prisión y una cuota diaria de 250 euros, aparte de haber devuelto los 14 millones de la indemnización, aunque no han ingresado en la cárcel por ausencia de antecedentes.

Primera operación en la Audiencia

La primera de las siete operaciones presuntamente delictivas está en la Audiencia Nacional, relacionada con la venta de unos terrenos en Rivas Vaciamadrid. Tras declararse en concurso de acreedores varias de las empresas que recibieron el préstamo, el solar fue devuelto por dacion en pago. La defensas defiende este movimiento porque, a su entender, era la opción más económica y favorable para los intereses de la entidad. Se investiga también a cinco vocales de la comisión delegada de Caixa Nova, Miguel Aragonés Iglesias, Delfín Ferreiro Rodríguez, Juan Ramón Iglesias Álvarez, San Martín Otero y José Taboada López; a José Luis Suárez Gutierrez, socio y administrador de dos empresas integradas en Proseinda Gestión; Alfredo Blanco López, director financiero Grupo SA de Servicios y obras Copasa; Miguel Pérez de Juan Burgos, administrador de inversiones Rivapron; Antonio Gorriarán Laza, consejero delegado de Proseinda Gestión; y Florencio Antonio Palomino Moreno Manzanero, presidente de Imasatec SL.

Caixanova se fusiona con Caixa Galicia el 1 de diciembre de 2010, creando NovaCaixaGalicia en una maniobra de alto riesgo por el delicado estado financiero de las entidades. El inicio de las investigaciones crediticias en las cajas gallegas comenzó con la entrada del FROB en la entidad resultado de la operación.

La concesión de créditos, principalmente inmobiliarios, aunque también otros vinculados con la compra de empresas y operaciones de inversión, condujo al FROB a advertir de indicios delictivos. El proceso de investigación se saldó con unas 30 operaciones sospechosas, de las que el FROB llevó siete ante la Fiscalía Anticorrupción.

En este caso, apuntan a empresas constructoras y la caja de ahorros gallega Caixanova, antes de su fusión. La firma de los créditos y de las refinanciaciones investigadas se habría culminado entre 2005 y 2008.

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