Según desvela ABC este lunes, la memoria preparada por el Ayuntamiento de Madrid dentro de sus planes para remunicipalizar la gestión de los cementerios y las actividades funerarias, se contempla la posibilidad de incluir, ya en 2017, una tasa anual "que cubra los costes de mantenimiento de los cementerios" que actualmente realiza la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y que se cobraría por cada tumba en la ciudad.
Dentro de esta memoria, que el equipo de Manuela Carmena aprobó en la comisión de estudios del pasado 16 de marzo y a la que ha tenido acceso ABC, la gestión pública de los servicios funerarios y los 14 cementerios sería "sostenible" y "rentable", pero deja abierta la posibilidad de recuperar este impuesto que ya pagaron los madrileños desde los años 80, cuando la instauró el ayuntamiento de Enrique Tierno Galván, y que fue retirada por Álvarez del Manzano cuando llegó a la alcaldía en 1991.
La justificación de la tasa sería la necesidad de acometer una serie de inversiones en los cementerios de Madrid ya que, según un informe realizado por una empresa externa, hay un déficit de inversiones de 24 millones de euros. La Empresa Mixta de Servicios Funerarios, por su parte, tuvo unos beneficios de 1,79 millones de euros en 2015, muy lejos de los 6,8 millones que llegó a tener en el año 2000.
Actualmente la tasa se cobra en varias ciudades españolas como Barcelona, Huelva, Palma de Mallorca, Málaga o Ciudad Real. Según informa ABC la capital catalana se pagan entre 13,90 y 64,59 euros por enterramiento, dependiendo del tipo que sea. Madrid tiene actualmente unos cinco millones de enterramientos, cifra que crece cada año con unos 25.000 nuevos fallecimientos.
Desmentido municipal
Tras el impacto que la noticia ha tenido en varios medios el ayuntamiento se ha apresurado a desmentir la información de ABC: "El Ayuntamiento en ningún momento tiene previsión o intención de instaurar dicha tasa tras la municipalización de la Empresa Funeraria", aseguran en un comunicado remitido a los periodistas.
El propio texto reconoce, no obstante, que "existe la posibilidad legal de hacerlo" y que as se recoge "en la documentación preparada en el proceso de aprobación de la municipalización". Pero matiza que "nunca se ha considerado utilizar esa opción" y que "no se contempla en el plan económico financiero de la nueva empresa pública".