La investigación cifró en 66 millones de euros las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía a empresas en crisis. El cálculo al alza de las ayudas para los ERE aprobadas por los sucesivos gobiernos socialistas durante una década, según la juez María Núñez Bolaños, son "el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos".
Esas sobrecomisiones han sido objeto de la apertura de una nueva pieza separada del caso de los ERE que instruye la titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla. Se ponen de relieve una vez más los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y, de nuevo, sobre nombres como los del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero; el "conseguidor" y exsindicalista Juan Lanzas; y el exdelegado de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas.
En su resolución, la juez explica que investiga "hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego su reparto, a pesar de todo ello presuntamente ilícito".
Otros investigados
También serán investigados en esta pieza Antonio Garrido Santoyo, exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén); Damián Jiménez Rueda, secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2003 o 2004; Luis Javier García de los Reyes, exdirigente de la UGT en Jaén y amigo de Juan Lanzas, cuya esposa figura entre los "intrusos" del ERE de Hitemasa.
Otros investigados en esta pieza son Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y "posible conocido de Lanzas", quien cobró 120.000 euros, según la juez Mercedes Alaya; Antonio Albarracín, representante de la consultora Vitalia; y Jesús Bordallo, jefe comercial de la aseguradora Vitalia en Andalucía;
La juez también investiga por las sobrecomisiones a José González Mata, el dueño de la aseguradora Uniter; Eduardo Leal del Real, presunto testaferro de empresas usadas para legalizar las sobrecomisiones por los ERE falsos; y a Juan Francisco Algarín, presunto testaferro de empresas utilizadas para blanquear dinero procedente de las comisiones ilegales que cobraban los imputados.
El resto de investigados en esta pieza son Beatriz Núñez Muñoz, administradora de una empresa supuestamente utilizada para introducir en el mercado las sobrecomisiones que cobraban los intermediarios en los expedientes; Ismael Sierra, cuñado del "conseguidor" Juan Lanzas; y Carlos Leal, director del Bufete Jurídico Villasís, que mediaba en los expedientes.
En base a la instrucción que conduce Núñez Bolaños, la Junta de Andalucía financió prejubilaciones fijando primas en la póliza (el documento de condiciones) muy superiores a las cantidades ordinarias. Por eso incluye este tipo de prácticas en la nueva pieza separada.