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El fiscal de las black se opone a la expulsión de las acusaciones

Segunda jornada de juicio marcada por la intervención del fiscal Luzón en el final de las cuestiones previas.

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El fiscal de las black se opone a la expulsión de las acusaciones
Alejandro Luzón, fiscal de Anticorrupción | EFE

La Fiscalía Anticorrupción no compra ninguna de las cuestiones previas planteadas este lunes por la defensa de los acusados: "Han intentado sacar agua de las rocas, pero la poca agua que ha salido no es potable". Como era previsible por contrarios a su posición, el representante del Ministerio Público, Alejandro Luzón, ha impugnado los planteamientos de los 65 exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia que se sientan en el banquillo. Se enfrentan a penas de entre uno y seis años de cárcel por presunta apropiación indebida de 12 millones de euros en gastos personales mediante las tarjetas black que, según la investigación, se emitieron sin contrato y opacas a Hacienda.

Lo más destacado, la obstinación del fiscal por salvaguardar la prueba que sostiene el procedimiento. Es una hoja de Excel con el listado de los gastos a través de las tarjetas black detallados por usuario. Según las defensas, se obtuvieron vulnerando los derechos fundamentales de los acusados. En primer lugar, Luzón ha hecho referencia a unos correos electrónicos que Bankia intervino de las direcciones profesionales de los cargos implicados, y a su "indudable relevancia para conectarlos con las hojas de cargos". En este sentido, advierte el Ministerio Público que "sus comunicaciones no tienen carácter íntimo, hacen un uso correcto en la medida en que son temas laborales, profesionales y retributivos".

"El derecho a la intimidad en la relación entre un banco y un cliente tiene entre otros límites la actuación del ministerio fiscal que tiene perfecta legitimidad para pedir los extractos de una tarjeta de crédito", ha zanjado Luzón, para el que la incorporación de esa relación de gastos ha sido "perfectamente legal". Y ha señalado precedentes: "El extracto de los movimientos ha sido la prueba clave para que la Audiencia haya puesto decenas de condenas por falsificación".

Acusaciones legítimas

Metido en tecnicismos jurídicos, el fiscal de Anticorrupción ha explicado por qué, a su entender, el delito de apropiación indebida –cuya relevancia penal normalmente desaparece a los cinco años y las black funcionaron entre 2003 y 2012– no ha prescrito. Ha precisado que en su tipo más grave, el plazo se extiende hasta los diez años. "La Sala de lo Penal de la Audiencia, sección Tercera rechazó la prescripción con argumentos extremadamente claros".

En cuanto a la legitimación de Bankia y el FROB para ejercer la acusación, se ha pronunciado el fiscal en términos afirmativos. Los acusados manifestaron que ninguna de estas entidades tenía la condición de perjudicada porque nacieron o intervinieron con posterioridad a las tarjetas. "Es cierto que Bankia no es sucesora universal de Caja Madrid y que Bankia y el FROB no existían, pero sí tienen legitimación para acusar, una cosa no quita la otra".

"Caja Madrid no se transformó en Bankia, efectivamente, pero una cosa es que conserve su personalidad jurídica y otra que sea la que haya sufrido el perjuicio, salvo que entendamos que 12 millones de euros no es nada en la inmensidad de las pérdidas de Bankia. ¿En el balance de la compañía no tiene ninguna trascendencia los gastos de la caja?", se pregunta. "¿Y si hubieran sido 1.200 millones?".

En el tramo final de su discurso, el fiscal ha hecho una observación sobre el rescate en torno a 22.000 millones de euros que recibió Bankia con dinero público. "Todos los españoles hemos pagado lo de Bankia, no sé si tenemos vela en este entierro, pero si ha sido un funeral para todos los españoles".

Díaz Ferrán asistirá a todas las sesiones

En la reanudación del juicio después de un breve receso a mediodía, el Tribunal ha resuelto sobre la petición particular del abogado del expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. Solicitó que su patrocinado evitara asistir a juicio alegando problemas de salud como alto nivel de azúcar en sangre, apuntando que se encuentra preso en la cárcel donde cumple condena por el caso Marsans y con dificultades de audición.

Se le ha sometido a una prueba pericial médica y, con el alegato de la doctora encargada, la presidenta del Tribunal Ángela Murillo ha denegado la solicitud. Según la autora de la prueba, no existe "ninguna alteración de carácter físico o psíquico que le impidan declarar o asistir a las sesiones".

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