La reforma del TC impulsada el pasado año por el Gobierno del PP, y refrendada por el propio tribunal, que le otorga capacidad sancionadora ante quienes pretenden violentar sus dictámenes –incluidas multas y suspensión de cargos públicos– ha sufrido este martes un revés parlamentario al ser rechazada por la mayoría del Congreso. El Grupo Socialista ha inclinado la balanza al respaldar la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PNV, que ha recibido el voto contrario del PP y Ciudadanos. El popular Carlos Rojas ha justificado la reforma para dar "fuerza" al alto tribunal frente al desafío secesionista.
Por parte del PSOE ha intervenido Gregorio Cámara, quien ha criticado tanto el fondo como la forma en que se presentó en 2015 esta reforma, dada a conocer por el entonces recién nombrado candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol: "Se quiso exhibir fuerza aparente, atribuyendo al tribunal responsabilidades que no le son propias, y que incumben a otros órganos. Recuerden cómo irrumpió en escena presentado esta reforma, al más puro estilo del Far West, el candidato del PPC, el señor Albiol, al grito de ‘se acabó la broma’".
¿A quién le puede preocupar?
En parecidos términos se han manifestado el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, y la diputada catalana Lourdes Ciuró, quien ha acusado a los populares de hacer una reforma "ad hoc" para Cataluña. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se preguntaba retóricamente a quién puede preocupar una reforma de este tipo: "¿A quién le puede preocupar que las sentencias se cumplan? De entrada a quien tiene declarado que no piensa acatar esas sentencias".
Además de la capacidad sancionadora del TC, se ha debatido por iniciativa del PNV la supresión de nuevo del recurso previo de inconstitucionalidad, recuperado con una reforma pactada entre PP y PSOE, que en esta ocasión se alineaba con las tesis de los populares y de Ciudadanos. La recuperación del recurso previo, como han puesto de manifiesto sus impulsores, pretende impedir situaciones como la de hace una década con el Estatuto de Cataluña, que primero fue refrendado en referéndum y más tarde, casi un lustro después, recibió el dictamen del TC.