De rosa y bajo obligación y juramento de verdad, Esperanza Aguirre ha comparecido ante el Tribunal que juzga las tropelías de Gürtel entre 1999 y 2005. Lo ha hecho en calidad de testigo; "no por su condición de política", según el auto de citación, sino "por lo que pudiera aportar". También en un momento complicado, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera a Ignacio González, su sucesor al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años, es un palo verdaderamente muy relevante. Si no, también estoy conmocionada por el calvario que está pasando y el que le queda por pasar, porque la Justicia en España es muy lenta", ha indicado con lágrimas en los ojos a la salida de la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio.
Según Aguirre, "jamás" conoció a Francisco Correa, "ni mucho menos si tenía o no empresas". Sobre el papel, la actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid comparecía para explicar la práctica del fraccionamiento en su Gobierno regional. Es decir, que miembros de su equipo troceaban los contratos en pagos inferiores a 30.050 euros, exentos de los mecanismos de adjudicación y control previstos en la normativa de contratación pública para conceder a dedo a Correa.
El papel de Aguirre
La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid se siente "engañada" por Alberto López Viejo, al que incluyó en la lista para la campaña autonómica de 2003: "El Mundo publicó que había comprado todoterrenos en un concesionario de su padre. Él lo desmintió, no se probó nada. En campaña se dicen muchas cosas que luego no resultan ser ciertas". La Fiscalía pide 46 años de cárcel para él porque habría intermediado en los amaños a favor de Correa. Aguirre ha asegurado que no era una persona de su confianza, simplemente lo conocía por cómo organizaba los actos, también para el Partido Popular a nivel nacional: "Me dijo que ya no adjudicábamos a la empresa sospechosa. Yo me quedé tranquila pero no me dijo toda la verdad, que el resto de las empresas eran del mismo dueño".
La investigación señala que Aguirre protagonizó cientos de actos cuya organización logística corrió a cargo de las empresas de Correa por un precio de seis millones y medio de euros. "En al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento". La testigo ha precisado que "las consejerías proponían al gabinete de la presidencia los actos a los que querían que acudiera y yo elegía por razones políticas, prácticas o de oportunidad. Yo preparaba las palabras que tenía que pronunciar y estudiaba cual era la situación del barrio, municipio o distrito al que acudía". Ha subrayado que ella nunca se ocupó de contratar la logística de los actos: "No creo que nunca se haya ocupado ningún ministro, ni un presidente autonómico ni un alcalde".
La dirigente popular ha hecho dos incisos: "Sí recuerdo que una vez me quejé porque volviendo de un acto escuché mi propia voz en la radio llena de interferencias. Le trasladé la queja a la directora del gabinete de prensa. También pedía que en el atril hubiera luz". Por otra parte, "es falso que, como dijo Francisco Correa, yo exigiera atriles de metacrilato. No tuve nada que ver en la elección de esos atriles".
Reunión con Lapuerta y Rajoy
Algo le olió mal a Aguirre. La líder del PP en Madrid ha narrado el momento cuando, a finales de 2004, se produjo una reunión en el despacho de Mariano Rajoy en presencia del actual presidente y el entonces tesorero. "Habló Álvaro Lapuerta y me advirtió de que dos municipios, Majadahonda y Arganda, proponían sacar a concurso unas parcelas para construcción. Lo querían hacer por un precio fijo. A Lapuerta y a mí no nos parecía correcto porque el precio es un elemento objetivo, pero la ley había cambiado por el estado del parque inmobiliario y permitía hacerlo a precio fijo".
Aguirre llamó a los alcaldes de ambos municipios: "El de Arganda me dijo que estaba adjudicado y en Majadahonda había una tremenda división entre los 15 concejales del PP. Doce estaban en contra porque el precio fijo era muy bajo en relación al precio de mercado. Ellos me dijeron que iban a votar en contra; vino a verme el alcalde Guillermo Ortega" que, junto con los concejales Juan José Moreno y José Luis Peñas –también imputados– "me dijeron que sí estaban a favor de adjudicar esa parcela".
Según el testimonio de Aguirre, la diferencia entre el precio que fijó Ortega con el precio al que salió fue de 60 millones de euros –querían vender las parcelas por 90 millones y la operación se cerró un año después en 150 millones de euros–.
"Destapé la Gürtel sin saberlo"
Las discrepancias entre los concejales de Majadahonda provocaron la dimisión de Guillermo Ortega, que había perdido la confianza de su equipo. Ortega, Moreno y Peñas fundaron un partido político en el municipio e interpusieron varias denuncias a Narciso de Foxá, nuevo alcalde por el Partido Popular. Según Aguirre, "como Correa se hartó de pagar las costas de los juicios que perdían, le hicieron las grabaciones que entregaron al juez Baltasar Garzón", ha dicho en referencia a las escuchas que recopiló durante años Peñas y después aportó traicionando a su amigo Correa. Como los acontecimientos se precipitaron a raíz de sus contactos con los concejales, Aguirre ha insistido en que destapó el caso Gürtel "sin saberlo".
Es la primera de los altos cargos del Partido Popular que desfilarán como testigos en el juicio: Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y el recientemente citado Mariano Rajoy. Aguirre ha concluido con una píldora sobre la presunta caja B que reconoció en su libro: "Lo de que el partido lo financiaba el señor Correa es una especulación mía fruto de los cotilleos. En sede judicial digo lo que es, cuando escribo un libro, digo otras cosas".