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Continúa el acoso del separatismo a Llarena con una denuncia de Torrent

El presidente del Parlamento catalán atribuye al juez del Supremo los delitos de detención ilegal, obstrucción a la Cámara y prevaricación.

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Continúa el acoso del separatismo a Llarena con una denuncia de Torrent
Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán | EFE

El separatismo continúa con el acoso y derribo a Pablo Llarena. Ha sido esta vez Roger Torrent quien ha presentado una denuncia contra el juez instructor de la causa contra el proceso separatista en el Tribunal Supremo. Desde la perspectiva del presidente del Parlamento catalán, él y otros 3 magistrados que han avalado sus decisiones en la Sala de lo Penal han vulnerado los derechos fundamentales de los procesados que permanecen en prisión de forma preventiva o huidos en el extranjero. Habla de delitos de detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la Cámara y prevaricación.

La denuncia se refiere a la inmunidad parlamentaria como una prerrogativa sin límites. Según Torrent, se ha producido un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía". Añade que "la limitación de los derechos de los diputados no violenta únicamente sus derechos subjetivos y constituye un ataque contra la institución que presido, sino también contra los derechos de todo el pueblo de Cataluña, que han visto limitados sus derechos de representación política al no permitirse a los elegidos ejercer su mandato parlamentario", defiende el presidente de la Cámara en la denuncia.

"Valoraciones extrajurídicas"

En concreto, se dirige contra Llarena y los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro porque con sus decisiones, dice la denuncia, alteraron "la garantía de imparcialidad e independencia judicial como paso previo a irrogar un tratamiento judicial desfavorable para con los diputados del Parlament". Apunta al Tribunal por la "sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad" que deberán instruir y juzgar un procedimiento con evidente repercusión.

Expresa que los razonamientos de los magistrados en sus autos "son indiciariamente reveladores de una conciencia de antijuridicidad, al introducir valoraciones extrajurídicas y claramente políticas".

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