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La juez que pide imputar a Casado se basa en sus explicaciones a la prensa y el testimonio de Escolar

Sostiene que el popular cometió dos delitos y lo argumenta utilizando, entre otras cosas, las propias explicaciones de Casado. 

Libertad Digital
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Pablo Casado | EFE

Este lunes, la juez que instruye el caso del máster en la Universidad Rey Juan Carlos que cursaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado ha elevado la causa ante el Tribunal Supremo. Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, sostiene en su exposición razonada ante el alto tribunal que el líder del PP debe ser investigado. Ve "indiciaria responsabilidad penal" en el dirigente popular y lo defiende en un escrito de más de 50 páginas en el que buena parte de las pruebas provienen de las explicaciones que el propio Casado dio ante los medios cuando se publicó la noticia de la obtención del título.

La juez atribuye a Pablo Casado los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, que también atribuye al exdirector del Instituto de Derecho Público y principal implicado en el procedimiento, Enrique Álvarez Conde. Rodríguez-Medel afirma ante el Supremo que el delito de prevaricación administrativa puede atribuirse a alguien que no sea funcionario público y replica al propio Casado, que en cada explicación ante los medios ha indicado que él se limitó a presentar en el máster aquello que se le solicitó. Según la juez, el delito no sería atribuible sólo a quien le "regaló" el título, como califica la actuación de Álvarez-Conde, sino también a quien se aprovechó de ello, en alusión a Casado. Aunque el líder del PP ni tomó ni promovió una decisión administrativa arbitraria, sostiene la juez que para cometer el delito "basta ser consciente de que se está participando en una decisión arbitraria". En su opinión, existió una "cooperación necesaria" por parte de Casado. Y lo justifica en el simple hecho de que el popular pagó las tasas universitarias, aportó su expediente académico, solicitó el reconocimiento de créditos y recogió el título.

En el caso del otro delito que le atribuye a Casado, el de cohecho impropio, concede que se trata de un "cohecho poco habitual". Pero considera en cualquier caso que el título sí es una "prebenda". Además, descarta la posibilidad de que el delito haya prescrito, dado el momento en que se cometió, 2009, y la poca entidad de la pena que conllevaría, de tres a seis meses. Según la juez, el delito de cohecho está en este caso conectado al de la prevaricación, y "estando ante un concurso de delitos, el plazo de prescripción es el que corresponda al delito más grave". También sostiene que se le puede atribuir el delito por el simple hecho de la "recepción de la dádiva", obviando que Casado, en el momento de los hechos, era diputado por Madrid y no podía tomar decisión alguna a favor de la Universidad Rey Juan Carlos o del Instituto que dirigía Conde.

La juez reclama al Supremo que continúe la investigación contra Casado y le sugiere algunos de los pasos: además de llamarle a declarar y pedirle "cuanta documentación conserve del máster", como "correos electrónicos o acuses de recibo", pide al alto tribunal que reclame al líder del PP "el ordenador portátil antiguo en el que se encontraban archivados los trabajos" presentados para la obtención del máster. Se da la circunstancia de que la juez conoce la existencia de ese portátil porque el propio Casado habló de él.

La juez deja entrever que, en su opinión, los trabajos que mostró el líder popular desde el primer momento en que se publicó el caso son falsos y pretende que "la policía judicial informe de la antigüedad de los documentos informáticos" y "si han sufrido modificaciones".

Los "pormenorizados detalles" de Escolar

Sobre los indicios que dice poseer contra Casado, la juez se basa fundamentalmente, según se deduce de su exposición, en dos cosas: la declaración que hizo Ignacio Escolar a petición de Rodríguez-Medel el pasado 14 de mayo después de que su periódico informara del máster, y las propias explicaciones del líder del PP ante los medios cuando la noticia apareció en los periódicos.

Sobre la declaración de "don I. E.", como se refiere al director de eldiario.es, la juez destaca que "se puso de manifiesto la existencia de una serie de posibles irregularidades que trascendían" al caso Cifuentes, "incidiendo en otros alumnos" que también tenían "cierta relevancia política o institucional". La juez alaba del testigo que relató "con pormenorizado detalle las gestiones realizadas por su periódico para el esclarecimiento de estos hechos" y señala que "concluía con la posible existencia de un patrón de actividad delictiva". Apunta la juez que dicho "patrón" alcanzaba otros cursos, en concreto el de Casado, y que Escolar aportó "detalles ilustrativos" sobre el tema.

En cuanto a las explicaciones de Casado, la juez las utiliza para defender ante el Supremo la pertinencia de investigarle. Dice la juez, basándose en comparecencias y entrevistas, que Casado "manifestó públicamente haber cursado y finalizado dicho máster", que admitió no haber ido a clase y que dijo haber sido evaluado "únicamente conforme a unos trabajos". Añade que Casado dijo haber hecho "lo que le pidieron", pero a la magistrada no le basta porque no especificó quién. También recoge cómo Casado declaró que cuando cursaba el máster "era sólo un estudiante anónimo, veinteañero" y que "era muy poco". La juez le rebate afirmando que era diputado en la Asamblea y presidente de Nuevas Generaciones del PP, "partido que ostentaba la Presidencia de la Comunidad de Madrid en esos momentos".

Las convalidaciones, el TFM, los trabajos y la asistencia

La juez cuestiona en el auto la convalidación de 40 créditos mediante una "generosa" norma -aunque las convalidaciones fueron realizadas conforme a la ley- y la no necesidad de hacer un Trabajo de Fin de Máster, algo que no contemplaban ni el folleto, ni el plan de estudios. Pero el grueso de su acusación se basa en los cuatro trabajos que presentó Casado para aprobar los 20 créditos restantes y en el hecho de que no acudiera a clase.

Sobre los trabajos, insiste en insinuar que no existieron: recrimina a Casado que dijera en la SER que los entregó "en mano", algo que ve "sorprendente" porque otros "muchos alumnos" los entregaban por mail. También alega que es necesario "corroborar" que los trabajos que enseñó ante la prensa "se elaboraron efectivamente en ese año académico 2008-2009".

En cuanto a la asistencia a clase, insiste la juez que se trataba de "un curso presencial" y que así rezaba en el "folleto", obviando el hecho habitual en la universidad de que el director o profesores concedan a los alumnos, en virtud de sus circunstancias laborales, la posibilidad de ausentarse de clase y ser evaluados de otra forma. De hecho, el BOCM de marzo de 2006 señala claramente que "la implantación de los Programas Oficiales de Posgrado en las Universidades de la Comunidad de Madrid se entiende realizada en el marco de los acuerdos adoptados por sus Consejos de Gobierno, u órganos competentes, en virtud de la autonomía universitaria". La juez, no obstante, insiste en su razonamiento: Casado y el resto de imputados "se beneficiaron" de un título "a pesar de no haber realizado actividad alguna" para lograrlo.

Este último argumento también resulta sorprendente ya que en realidad el título que obtuvo Casado no era, como bien ha explicado él mismo, "finalista", es decir, su obtención no supone estar en posesión de una titulación más elevada que la licenciatura que ya poseía el popular. De hecho, la única utilidad real del curso era servir de puente para iniciar un doctorado que Pablo Casado nunca obtuvo. Se trataba más bien de una formalidad por la que pasaban sin pena ni gloria todos los que iban a iniciar un doctorado.

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