"El Estado catalán permanecerá en el seno de la Unión Europea" y "ninguna empresa se marchará en caso de que Cataluña se convierta en una república" eran declaraciones que repetían los líderes del proceso cada vez que se ponía en duda la viabilidad de una república catalana y su pertenencia a la UE. "Los bancos se van a pelear por estar en Cataluña" llegó a decir Artur Mas poco antes de ser lanzado a la papelera de la historia por la CUP.
Las previsiones económicas separatistas eran especialmente halagüeñas, al punto de que Oriol Junqueras llegó a fiar la supervivencia del sistema de pensiones en Cataluña a la consecución de la independencia, momento a partir del que aumentaría el salario mínimo, las dichas pensiones y se crearía la renta universal de ciudadanía. Se trabajaba en la creación de una Agencia Tributaria de Estado, se recababan datos de los ciudadanos catalanes y todo iba según lo convenido. La república estaba a la vuelta de la esquina.
Sin embargo, en las salas de máquinas del golpe de Estado se manejaba una información muy distinta de la que se trasladaba a la opinión pública. El entonces secretario autonómico de Hacienda, Lluís Salvadó (ERC) ocupaba un lugar destacado en los preparativos para la desconexión de Cataluña con el resto de España. Detenido el 20 de septiembre por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación del dirigente de ERC y alto cargo de la Generalidad alusiva a los planes económicos del hipotético Estado catalán.
"Como Suiza y Andorra"
Si como era previsible, la Unión Europea no admitía la secesión, el plan B era convertir Cataluña en un paraíso fiscal y "ofrecer opacidad y ventajas fiscales como Suiza y Andorra", tal y como afirma la página 45 del proyecto de creación del "Banco Central Catalán" y su ley regulatoria, según señala Europa Press.
Sin embargo, en el mismo documento se expresa la creencia de que la Unión Europea no podía dejar a Cataluña fuera de su seno porque se vulneraban los derechos de los ciudadanos catalanes. Los golpistas creían también que no se produciría una fuga de capitales ni un éxodo empresarial porque a nadie le interesaba la inestabilidad económica y el proceso de desconexión estaría perfectamente pautado entre instituciones y entidades.
Lejos de ser un riesgo, la independencia se vendía como la gran oportunidad de convertir Cataluña en la república más próspera del mundo. Sería tal la expansión y el crecimiento que la Unión Europea se lo pensaría mucho antes de dejar fuera un territorio con un saldo fiscal positivo.
Fuga de empresas y capitales
Las estimaciones golpistas comenzaron a colapsar el lunes 2 de octubre del año pasado, cuando se agudizó la fuga de capitales y empresas. Grandes y medianas empresas se trasladaban en masa fuera de Cataluña, la Caixa y el Sabadell sufrían el impacto en forma de cancelaciones de cuentas y retiradas masivas de capital. Puigdemont y Junqueras seguían con sus planes. Decían que el "sí" había ganado el referéndum y se disponían a preparar la proclamación de la república. Los ciudadanos y las empresas de Cataluña tenían un pie fuera de la Unión Europea. La Caixa y el Sabadell lograron parar la sangría con el anuncio de que trasladaban sus sedes sociales fuera de Cataluña. A los dirigentes separatistas no parecían afectarles en absoluto las fugas y el destrozo económico que estaban provocando. Respondieron con listas negras y retiradas simbólicas de dinero para colapsar los cajeros.
Un año después se siguen marchando empresas, han caído las inversiones y se mantienen la inestabilidad institucional y la inseguridad jurídica. La tesis del separatismo es que el Estado desató una auténtica guerra económica. El diario nacionalista Ara recoge el testimonio de empresarios y ejecutivos bancarios que denuncian de manera anónima la retirada de al menos dos mil millones de euros de la Caixa y el Sabadell en un solo día por parte de entidades dependientes del Estado como Renfe, Adif y Puertos del Estado. Otro asegura que le consta que el dinero se reintegró tras el cambio de sede de los bancos.
Un alto directivo calcula, según el referido medio, que "un tercio del total de depósitos que salen aquellos días son dineros de administraciones públicas y empresas controladas por el Estado". También se especula con el tamaño del agujero en las entidades y se afirma que el del Sabadell fue de 12.000 millones de euros y que en conjunto podría rondar los 35.000 millones.
Tanto el presidente de la Generalidad, Quim Torra, como el vicepresidente y responsable de Economía, Pere Aragonès (ERC) exigen explicaciones e investigaciones por el papel del Estado en lo que consideran una "guerra sucia" económica. Sobre el plan de convertir Cataluña en otra Gibraltar no se han pronunciado.