Comienza la decimocuarta semana de juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo que también es un máster en derecho penal que el juez Manuel Marchena está dando gratis a las defensas y en menor medida a las acusaciones. La sesión arroja al menos dos novedades. Cierran la jornada dos voluntarias de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que participaron en el cordón de voluntarios de la entidad durante el asedio a la comitiva judicial que registraba la consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. No portan lazo amarillo ni ningún distintivo visible de su militancia a diferencia de la mayoría de los testigos civiles de la defensa. Su contribución a la causa, y no menor, es que se limitan a contestar a lo que se les pregunta. Gente aparentemente normal de verdad, nada que ver con los carpinteros por la república y los jubilados por la causa.
El otro punto de interés es la testifical de Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, que comparece acompañada de un abogado porque está imputada por la misma causa en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Asegura que se enfrentó a Jordi Sànchez cuando el entonces presidente de la ANC anunció al grupo de notables que estaban frente a la consejería, diputados y concejales separatistas y podemitas, que se disponía a dar por finalizada la manifestación.
La CUP estaba on fire. La Policía Nacional cercaba su sede a la espera de una orden judicial que no terminó de llegar y miles de personas impedían la salida de la comitiva judicial de la consejería de Economía. La independencia estaba a la vuelta de la esquina, a falta de diez días. Boya cuenta lo sabido, que se subió a uno de los "patrol" de la Guardia Civil y que llamó a la movilización porque le parecía muy grave que se registrara una sede del gobierno catalán, poco menos que un atentado contra la democracia, algo inaudito en un contexto democrático. La entonces dirigente de la formación antisistema no puede reprimir que le traicione el subconsciente del nacionalismo más burgués y menos antisistema. También explica, jejé, que a lo mejor contribuyó a los desperfectos de un coche de la Guardia Civil con su peso, pero que le pareció el mejor "atril" para dirigirse a la concurrencia en su condición de cargo electo. Es la pura frivolidad e inconsistencia, un testimonio impagable sobre el tipo de actitudes pueriles del independentismo y su peso en la catástrofe de Cataluña. Boya admite que se opuso a que Sànchez pusiera paz y desconvocara a los manifestantes. Refiere que arrancó como concesión que la desconvocatoria fuera aparejada a una nueva convocatoria al día siguiente frente al TSJC para protestar contra la justicia. Cabe recordar que la gente de la CUP fue fundamental para cargarse a Mas y lo es para mantener ahora a Torra.
El hijo de Esteve
Tras Boya comparecen los altos funcionarios de la Generalidad golpista. El primero Francesc Esteve, es el director de los servicios jurídicos de la administración autonómica. Dice que su relación con los encausados es sólo "profesional". Carece de relevancia al parecer que Esteve sea el hijo de uno de los patriarcas de Convergencia, Salvador Esteve, exalcalde de Martorell y expresidente de la Diputación de Barcelona, y que su carrera jurídica se haya labrado al amparo de la influencia municipal de su progenitor. Niega como gato panza arriba que la Generalidad incurriera en malversación alguna. Su deposición coincide con la de Mercè Corretja, directora general de contratación pública de la Generalidad, que tampoco apreció irregularidad alguna en materia de gastos y contratos derivados hacia la celebración del 1-O.
Las comparecencias de los dirigentes de UGT, José María Álvarez y Camil Ros, jefe de la sección catalana, dan pie a una nueva clase procedimental de Marchena. El abogado Àlex Solà es el alumno desaventajado. Su lamentable interrogatorio da pie al juez a insistir en la utilidad objetiva de la prueba testifical y la prioridad narrativa frente a la desviación valorativa. El asunto volverá a salir a cuenta de la declaración de Jaume Asens, teniente de alcalde de Barcelona, diputado electo de Podemos y abogado de referencia de los antisistema violentos, empeñado en involucrar al Ayuntamiento en el referéndum ilegal.
Marchena frena a Asens
Marchena ataja el número de Asens y presiona a Solà para que haga preguntas de las que se infieran respuestas no valorativas. A preguntas de la acusación popular, el teniente de alcalde podemita se ve obligado a solemnizar la típica adenda del imperativo legal, pero Marchena se mostró inclemente. Un par de testigos atrás ya había tenido que amonestar a Joan Vallvé, exvicepresidente de Òmnium y exconsejero de Pujol, cuando dejó constancia de que declaraba en español por obligación. Como todo el mundo, vino a decir el magistrado. Vallvé, un histórico de Convergència, diputado, eurodiputado, consejero y figurón de Òmnium, tomó nota y respondió a las preguntas de Javier Ortega, el letrado de Vox, sin la fórmula del imperativo. Asens no podía hacer otra cosa que mostrar su malestar.
El abogado de Rodrigo Lanza
En su condición de abogado con experiencia en casos de violencia política (asistió a Rodrigo Lanza acusado por matar en Zaragoza a un hombre, Víctor Laínez, por portar unos tirantes con la bandera de España así como a los acusados de dejar en estado tetrapléjico al agente de la Guardia Urbana Juan José Salas, el mismo Lanza entre ellos) es un referente entre algunos golpistas. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural le pidió que fuera su letrado en el juicio, pero Asens descartó la oferta para centrarse en su desembarco en Madrid como cabeza de lista catalán de Podemos. En todo caso, es un teórico del "imperativo legal". Boya, en cambio, no ha tenido oportunidad de manifestar su protesta. En su caso, Vox se ha sumado al resto de las defensas y ha preferido no preguntar. Ya habrá oportunidad, en principio, de interrogar a la testigo, pero en calidad de acusada, en el TSJC. Sea como fuere, el testimonio de Boya ha sido positivo para Sànchez. El tribunal ha podido comprobar con qué bueyes tuvo que arar el 20 de septiembre del 17 en la Consejería de Economía. Otra cosa es que lo que dijera Boya aquel día no tuviera la más mínima importancia objetiva. Igual que este lunes en el Supremo.