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Blindar a Iglesias en la comisión del CNI con el decreto ley del coronavirus "viola dolosamente la Constitución"

Según fuentes jurídicas consultadas por LD, la Ley 11/2002 que regula el CNI "no puede modificarse con una norma de rango inferior, un decreto ley".

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Según fuentes jurídicas consultadas por LD, la Ley 11/2002 que regula el CNI "no puede modificarse con una norma de rango inferior, un decreto ley".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el vicepresidente, Pablo Iglesias | Jesús Hellín (Europa Press)

Blindar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión de control del Centro Nacional de Inteligencia CNI del Congreso de los Diputados con el decreto ley sobre el estado de alarma del coronavirus "viola dolosamente la Constitución".

Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la ley 11/2002 de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, "no puede modificarse por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de una norma de rango inferior. Es decir, con un Decreto ley". Cabe destacar que esta medida no ha sido anunciada previamente por el Ejecutivo hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado BOE.

El decreto ley sólo puede ser empleado en casos de "extraordinaria y urgente necesidad. En este contexto, el artículo 86 de la Constitución recoge textualmente que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

Según las mismas fuentes jurídicas consultadas, "si el Gobierno quiere modificar la ley para blindar a Iglesias en la comisión del CNI debe hacerlo a través de otra ley y no de un Decreto-ley. No puede hacerlo por la puerta de atrás en plena crisis del coronavirus y encima en un decreto ley sobre el estado de alarma. Dicha disposición debería ser anulada", destacan.

El Decreto-ley que permite a Iglesias conocer de los asuntos que trate el CNI deberá ser validado en el Congreso de los Diputados. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia es el órgano que controla el seguimiento de los objetivos y la información del CNI. Además, se encarga de proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del Centro, monitorizarlos y evaluarlos después. También se encarga de la coordinación de los servicios de inteligencia y los servicios de información de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la administración civil y militar.

Este miércoles, el BOE publicaba así la Disposición final segunda sobre el decreto ley del estado de alarma del coronavirus la mencionada modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia:

"Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, con la siguiente redacción: 2. La Comisión estará presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente, e integrada por los Vicepresidentes designados por el Presidente del Gobierno, las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria".

El texto modificado por el Gobierno

Recordamos que el Gobierno ya había aprobado el pasado mes de febrero la inclusión de Iglesias en la comisión del CNI, pero a través de un decreto. Tras su publicación, Vox, PP y el Partido Laócrata lo recurrieron. Según el partido de Santiago Abascal, el Gobierno había cometido la "torpeza" de incluir a Iglesias en la citada comisión sin cambiar antes la ley que establece que ha de haber un solo vicepresidente, en este caso Carmen Calvo.

La ley del año 2002 establecía que "la comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretario".

Sin embargo, el decreto del pasado 25 de febrero, recogido en el BOE, señalaba: "Asistirán a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa; el ministro del Interior; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital".

Dicho decreto recurrido por las formaciones políticas quedará en papel mojado con la emisión del nuevo decreto ley al respecto, por parte del Gobierno, camuflado en las medidas sobre el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

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