El gobierno de la Generalidad trata de poner el foco de la emergencia sanitaria y la crisis económica en el Gobierno nacional. En la rueda de prensa diaria de los consejeros regionales, también sin repreguntas, la portavoz del "Govern", Meritxell Budó, ha exigido al Gobierno un programa de máximos para hacer frente a la crisis con una renta garantizada para quienes no tengan ingresos, para los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y para los autónomos que hayan tenido que cerrar sus negocios o dejar de trabajar.
La Generalidad también exige el aplazamiento de cuotas e impuestos, más líneas de créditos a las empresas, autónomos y particulares y la condonación de las deudas. Sin más concreciones, la consejera Budó ha añadido que las medidas del Gobierno llegan tarde y que están cargado la factura de la crisis en las empresas y familias. Acto seguido ha destacado que la Generalidad ha decretado que a partir de mañana jueves el transporte público en Cataluña sea gratuito durante el tiempo que dure el estado de alarma y que han pedido al Gobierno que los peajes de las autopistas también sean gratis. Budó ha añadido que no cree que la gratuidad del transporte anime a algunos ciudadanos a romper el confinamiento sino que servirá para hacerle más fácil la vida a las personas que tienen que trabajar. En cuanto a otras medidas económicas que pudiera adoptar la Generalidad, Budó no ha señalado ninguna.
En cuanto a la emergencia sanitaria, Budó se ha mostrado muy preocupada por un posible relajamiento del confinamiento en los próximos días "como ocurrió en Italia" y ha anunciado que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, dado de alta ya, se reunirá con la consejería de Trabajo. Asuntos Sociales y Familia para abordar la situación en las residencias de ancianos.
Situación crítica en las residencias
Sin embargo, ni Budó ni la consejera de Salud, Alba Vergés, se han referido a la muerte de diecisiete ancianos en la residencia de Santa María de Tura en Olot ni a las denuncias de directores de estos centros, que manifiestan estar absolutamente abandonados por parte de la Generalidad. Y como ya es costumbre, la consejera Vergés ha sido incapaz de dar datos concretos sobre la incidencia de la enfermedad en Cataluña. En cuanto a las instrucciones para aconsejar a las familias de los enfermos mayores de ochenta años la atención domiciliaria, la consejera ha defendido la medida con el argumento de que estarán tan bien atendidos como en los centros hospitalarios. Tampoco se ha referido Vergés al hecho de que Cataluña ya supera a Madrid en número de contagios (1.652 por 1.514 de Madrid ayer martes) y de fallecimientos (262 por 210).