La viuda del médico valenciano fallecido por covid-19, Vicente José Sánchez, se ha querellado contra la consejera de Sanidad del Gobierno valenciano, Ana Barceló, por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Según la querella, el sanitario "fue abandonado absolutamente a su suerte", por la Consejería de Sanidad del presidente socialista, Ximo Puig, y no se le realizaron las pruebas de detección hasta que no ingresó en un hospital privado pese a presentar síntomas y no se le facilitó el material de protección adecuado mientras estuvo trabajando.
La esposa del sanitario que se ha unido a la Asociación Plataforma de Afectados por el Coronavirus Covid-19 ha presentado la querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJCV por dirigirse contra una persona aforada, la consejera de Sanidad, y ser el órgano judicial competente en este caso. Se solicita abrir una investigación y que se tome declaración a Ana Barceló y a varios testigos.
Según recoge la querella, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la víctima, también oftalmólogo, trabajó desde el mes de febrero de este año, cuando se empezó a extender el coronavirus por la Comunidad, "sin ningún tipo de medidas de protección, sin información ni ningún tipo de formación". El facultativo hizo sus guardias en febrero y marzo en las localidades valencianas de l'Alcudia y Llíria. Comenzó a tener síntomas de la enfermedad el 10 de marzo, con fiebre. Previamente, se le envió vía intranet una hoja informativa acerca de cómo ponerse y quitarse un traje EPI.
Según el texto de denuncia, había alguna mascarilla quirúrgica para uso individual a compartir entre el personal, mientras que las FFP2 se reservaban para el enfermero y otra para el médico "sólo para usar en caso extremo". En el hospital no había mascarillas para los pacientes, así que funcionaban con tan solo la quirúrgica, "que no protege". Tampoco disponían en esos momentos de gafas: "Decían que las traerían. Las gafas estaban dentro del paquete del EPI y no las debías de coger si no gastabas el traje", recoge la querella.
De EPI, había solo tres y para utilizar en caso extremo —uno para médico, otro para el enfermero y otro para el técnico—, y si se gastaba había que justificarlo. "Esa situación se mantuvo hasta el día 10 de marzo", se expone.
Además, las condiciones de ventilación de las bases en las que estuvo empleado la víctima, tanto de l'Alcudia como la de Llíria, "son precarias": "Habitáculos pequeños sin ventilación y lugares donde fácilmente se pueden contagiar, descansan al mismo tiempo un médico, un enfermero y un conductor-técnico transporte sanitario". De hecho, la base de l'Alcúdia tuvo que ser cerrada y desinfectada, puesta en cuarentena y finalmente trasladada a otro local que cumpliera mejores condiciones de salubridad para los trabajadores.
El triste desenlace del sanitario
La víctima ingresó en el hospital con una afección pulmonar, disnea. El 24 de marzo el paciente empeoró y se le bajó a la UCI y se le intubó. En ese momento sufrió dos paradas cardiacas y quedó conectado a un respirador con constantes relativamente estables. A los días finalmente falleció. La causa principal de la muerte, según consta en el certificado de defunción, fue la neumonía por covid-19.
En la querella se expone: "En ningún momento Vicente fue atendido por la Consejeria y sus servicios, no se le hizo test alguno, no fue informado sobre las medidas de protección a seguir, no se le facilitó equipo alguno de protección, fue abandonado absolutamente a su suerte e iniciativa de sus familiares. En el SAMU (Servicio de Asistencia Médica de Urgencias) solo existía una mascarilla para su equipo".
Los letrados de la viuda contemplan que entre las competencias de Sanidad está la de "organizar y tutelar la salud individual y colectiva a través de las prestaciones, servicios y medidas preventivas necesarias", con lo que entienden que es "la última responsable" de lo acontecido en este caso. "Vicente fue víctima directa de la carencia de material de protección en el ejercicio de su profesión como médico del SAMU y víctima de la falta de asistencia médica por parte de la Consejería, cuya última responsable es la consejera", se añade.