La Delegación del Gobierno en Madrid que dirige el socialista José Manuel Franco se negó durante 22 días a entregar a la Guardia Civil los expedientes completos de las manifestaciones y las concentraciones celebradas y desconvocadas en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo en plena crisis de la covid-19.
Así se desprende del informe de la Guardia Civil remitido a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel que investiga la marcha del 8-M en Madrid. El coronel del Instituto Armado que dirigía la investigación, Diego Pérez de los Cobos, fue cesado ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras negarse a entregarle este informe.
Según las pesquisas de la Guardia Civil, recogidas en 83 páginas, el 8 de abril se remitió un oficio a la Delegación del Gobierno solicitando "todas las comunicaciones sobre reuniones/manifestaciones que fueran a celebrarse entre los días 5 y 14 de marzo de 2020", y "la entrega de los expedientes administrativos completos de las mismas".
El 20 de abril, los agentes de la Guardia Civil se presentan en la Delegación del Gobierno tras recibir un escrito firmado por el secretario general de la Delegación, Fernando Talavera, informando de que tenían preparada la información solicitada. Los agentes reciben un pendrive y en su interior figura una carpeta denominada "expedientes manifestaciones y concentraciones del 5 al 14 de marzo de 2020".
Dicha carpeta contiene los siguientes archivos: "Índice Expediente manifestaciones 5 al 15 de marzo de 2020", documento firmado por José Luis Correas, director de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Madrid"; "Lista de Manifestaciones y Concentraciones celebradas del 5 al 14 de marzo 2020, suponiendo un total de 130"; "Listado de Manifestaciones y Concentraciones comunicadas, pero no celebradas del 5 al 14 de marzo, suponiendo un total de 6"; o un "Listado de Manifestaciones y Concentraciones desconvocadas del 5 al 14 de marzo, suponiendo un total de 21".
También figuran "Carpetas conteniendo los expedientes digitalizados de las mencionadas manifestaciones y concentraciones, existiendo desde el día 5 al 14 de marzo de forma consecutiva". "Se observa", indica la Guardia Civil, "que los mismos están incompletos, no figurando informes instados a los distintos organismos afectados como se establece en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión".
El 23 de abril, una vez analizada la documentación aportada por la Delegación del Gobierno, el instructor de la Guardia Civil comunica al secretario general de la Delegación que "los expedientes administrativos están incompletos y que deben ser remitidos completos".
Al día siguiente, se recibe un nuevo escrito firmado por la Secretaría General de la Delegación del Gobierno alegando que "los expedientes de las comunicaciones están incompletos debido a que 'es la que habitualmente se aporta cuando hay peticiones relacionadas con recursos contenciosos', a pesar de que por parte de esta Unidad se ha incidido en reiteradas ocasiones de que nos necesarios los 'expedientes completos'".
El 27 de abril, el instructor del Instituto Armado "vuelve a reiterar al secretario general de la Delegación del Gobierno que es necesario que remitan los expedientes administrativos completos, manifestando que se encuentran trabajando en ello y que esperan tenerlo para el 30 de abril".
Finalmente, el 30 de abril, la Secretaría General de la Delegación del Gobierno "remite documentación complementaria de los expedientes administrativos que fueron solicitados el 8 de abril". Es decir, 22 días después de que la Guardia Civil hiciera dicho requerimiento inicialmente.
Precisamente, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha sido citado como investigado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel como investigado por un delito de prevaricación el próximo 5 de junio.
Desde el 5 de marzo no debería haber manifestaciones
La Guardia Civil en sus conclusiones finales destaca que "es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución, contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020".
"A partir del 5 de marzo de 2020, no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria de la covid-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo", concluye el informe.