La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investiga la celebración de la manifestación del 8-M en plena crisis de la covid-19 ha rechazado imputar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, porque ya está denunciado en otros 2 juzgados madrileños. Una petición solicitada por el denunciante de la causa. La acusación pidió ayer su imputación por delitos de desobediencia y denegación de auxilio.
En una providencia de 3 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada afirma que "en relación con don Fernando Simón Soria, hágase saber al denunciante que este procedimiento no se dirige frente al citado denunciado y, por el contrario, una consulta en la aplicación informática de estos mismos Juzgados de Instrucción de Madrid, véase la diligencia de constancia que antecede de la Letrada de la Administración de Justicia, evidencia que al menos dos juzgados diferentes tienen asuntos ya registrados en trámite contra el Sr. Simón indiciariamente por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia que nos ocupa, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este".
En el mismo escrito, la magistrada aclara que "los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada de la covid-19 por el delegado del Gobierno de Madrid Sr. Franco Pardo en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020. La juez aceptó ayer trasladar la declaración como investigado del socialista José Manuel Franco para el 10 de junio, tras la petición solicitada por la Abogacía del Estado.
La instructora también acuerda citar como testigos el 11 de junio a 7 convocantes de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo que son investigadas en el caso. Concretamente, a la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin ayuda de
alquiler; defensa del sistema público de pensiones de Getafe; portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; secretario general del Sindicato CGT de Madrid; colectivo de afectados de Forum Afinsa; sindicato CGT Amazon y sindicato de Oficios Varios del Sur CGT.
En la misma providencia de declaración, Rodríguez-Medel admite la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios, José María Mena, si bien condicionada a la presentación de poder especial y prestación de mil euros en concepto de fianza.
Además, la juez deniega tener por ampliada la denuncia en relación con el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que "sin identificar, imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades, toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos enunciados".