En el Partido Popular han optado en las últimas horas por el silencio después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes 15 de septiembre el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que derogará la polémica Ley de Memoria Histórica que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en octubre de 2007.
La iniciativa se basa en la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso en enero de este mismo año e incluye la creación de una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo para "garantizar" el derecho de investigación de las "violaciones de derechos humanos" que se produjeron durante la Guerra Civil y el franquismo.
Con esta medida, se "busca el reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas del fascismo", de "los desaparecidos" y "de los exiliados" durante la Guerra Civil y la Dictadura, "así como a las políticas de verdad, justicia y garantías de no repetición", para que la historia no se construya "desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos". Y por supuesto, "incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura". Pero no solo eso, el Gobierno también expulsará a los benedictinos del Valle de los Caídos y "reflexionará" sobre el derribo de la Cruz.
Desde el Partido Popular explican que mantienen silencio porque se aprobó "un anteproyecto y aquí no ha llegado". Además, aseguran que presentarán su propia propuesta, una "ley de Concordia".
El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha sido el único que ha entrado de forma superficial a valorar este asunto en la últimas horas. En una entrevista en RNE de este martes, ha afirmado que "Sánchez, cada vez que está con problemas, saca a Franco, el Valle de los Caídos o el Pazo de Meirás".