La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del Juzgado de Instrucción nº 34 de Madrid de inadmitir la querella presentada por el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, y decide imputar por un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo al director general de la Policía, Francisco Pardo y a la ex subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Pilar Allué.
El tribunal ordena al juez que tome declaración como investigados a ambos mandos policiales y cita el auto del Tribunal Supremo que instaba a los juzgados ordinarios a emprender investigaciones sobre personas no aforadas para clarificar la responsabilidad de miembros del Gobierno en relación a la gestión de la pandemia.
La querella iba también dirigida contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. No obstante, la Audiencia rechaza ordenar la imputación de ambos alegando que sus casos estaban ya en estudio en otros juzgados de Madrid.
La Audiencia Provincial considera además que la querella ofrece datos que no permiten descartar la comisión del citado delito, ya que el destituido jefe de Prevención de Riesgos Laborales, Juan Antonio Nieto, remitió a Allué un informe con las medidas de protección que se debían adoptar frente al virus y según los querellantes, la responsable de Recursos Humanos ignoró.
El sindicato Jupol considera que ambos pusieron "en riesgo" a todo el cuerpo de Policía Nacional al no proporcionarles los equipos de protección necesarios en su jornada laboral a pesar de que varios informes recomendaban su uso.
Según los querellantes, sería el tercer procedimiento abierto contra el director general, que tendrá que declarar también el próximo 9 de marzo de 2021 ante la Audiencia Provincial de Barcelona por un posible delito contra los derechos de los agentes durante los altercados ocurridos en la ciudad tras la sentencia del procés.
Además, también está acusado por un presunto delito de coacción y contra la libertad sindical por los hechos acaecidos durante la manifestación de Jusapol frente al Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre de 2020.
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