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El Gobierno entrega el control de las cárceles vascas a Urkullu

La reivindicación del PNV estaba prácticamente cerrada desde marzo, con traslado masivo de presos de ETA desde que Sánchez es presidente.

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La reivindicación del PNV estaba prácticamente cerrada desde marzo, con traslado masivo de presos de ETA desde que Sánchez es presidente.
EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha consumado la entrega del control de las cárceles vascas al lehendakari Iñigo Urkullu. Esta vieja reivindicación del PNV estaba prácticamente cerrada desde el pasado mes de marzo y está incluida en la docena de transferencias que conforman el primer bloque de traspasos de los tres previstos entre ambos ejecutivos.

Este viernes se ha cerrado finalmente el traspaso de competencia en la gestión de los centros penitenciarios de Zaballa (Álava), la de Basauri (Vizcaya) y la de Martutene (Guipúzcoa). Este traspaso, cuya cuantificación económica se cifra en 70 millones de euros, se oficializará el próximo 10 de mayo y no incluye el diseño de la política penitenciaria, que seguirá en manos del Ejecutivo.

No obstante, el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, ha subrayado en rueda de prensa que, una vez asumida esta competencia, el Ejecutivo autonómico dispondrá de un "margen importante" para desarrollar políticas "propias" en el ámbito penitenciario, siempre "con total lealtad a la ley". De esa forma, ha reafirmado su apuesta por desarrollar en Euskadi un modelo penitenciario basado en "la reeducación, la resocialización y la reinserción".

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha señalado que este traspaso de las funciones y servicios sobre la ejecución de la legislación estatal penitenciaria "supone asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios", incluido el cumplimiento de penas.

Garamendi ha subrayado que el Gobierno Vasco asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente, hay alrededor de 1.300 reclusos en las tres cárceles, cuyos edificios serán traspasados al gobierno vasco, que asumirá su propiedad en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado. Cuando se construya la nueva prisión de Zubieta (Guipúzcoa), se devolverá Martutene al Ejecutivo español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario.

Las obras de construcción de esta nueva prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo, por un importe cercano a los 39 millones de euros. Los trabajos deberán ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, el nuevo complejo será una realidad en primavera de 2023.

La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares. Este centro ya no acoge a población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.

Garamendi ha precisado que alrededor de 700 trabajan en las prisiones vascas. En su mayoría, se trata de funcionarios de prisiones y el resto es personal laboral. El Gobierno Vasco integrará a estas personas en la Función Pública vasca, y se hará cargo de sus retribuciones. Los derechos adquiridos por estos empleados hasta el momento de la transferencia serán respetados.

La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones de euros, cantidad que se descontará del Cupo. El traspaso de la competencia se hará efectivo a partir del próximo 1 de octubre.

Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo temen que esta cesión suponga un beneficio para los terroristas de ETA que pasan a estar bajo el control del PNV, partidario de sacar a la calle al mayor número posible de presos, en un contexto de acercamiento masivo de encarcelados.

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