El titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado reabrir el caso de los sobresueldos de Podemos que habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Val, y el tesorero, Daniel de Frutos, al cuestionar que la primera tuviera competencias para aprobar dichos complementos salariales.
El instructor ha estimado un recurso de Vox, que ejerce la acusación popular, contra el auto del 11 de marzo en el que acordó el sobreseimiento provisional de la causa en relación con el presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar complementos salariales y por el abono de los gastos por desplazamiento tanto a ella misma como a De Frutos.
De esta forma, Escalonilla ha dejado sin efecto ese sobreseimiento temporal y ha ordenado nuevas diligencias en las que cita al exgerente de la formación morada, Pablo Manuel Fernández Alarcón, para que declare como testigo el próximo 21 de mayo.
El instructor también ha pedido a Podemos que entregue los estatutos del partido de 2018; el informe de ejecución de los presupuestos de 2019, detallando las partidas que reflejen los complementos salariales; y los datos personales de los trabajadores que recibieron dichos pluses.
Escalonilla suscribe el argumento planteado por Vox de que Val no tendría la capacidad de establecer complementos salariales. El propio Escalonilla ha explicado en su auto que, si bien había concluido que la gerente sí tenía esa facultad, "de la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas".
"En tal sentido los certificados de los acuerdos del Consejo de Coordinación de Podemos de fecha 17 y 24 de abril de 2017 (...) acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acredita que ésta última no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala", ha señalado el juez.
La Audiencia de Madrid reabrió la caja B de Podemos
El pasado mes de febrero, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid decidía reabrir la investigación de la caja B de Podemos y aceptaba a la exsenadora de la formación morada, Celia Cánovas, como acusación particular en la causa.
Según el auto, "esta Sala en el día de hoy, en resolución separada, ha estimado el recurso formulado frente al auto de 20-10-20, acordando en su lugar la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos. Queda así sin vigencia el principal argumento del magistrado instructor".
El titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, investiga el presunto desvío de 50.000 euros de la llamada 'caja B' de Podemos, la Caja de Solidaridad, a una asociación vinculada al equipo del diputado de la formación morada, Rafael Mayoral.
En la denuncia que dio origen a la causa, el exletrado del partido, José Manuel Calvente, señalaba que "nuestras sospechas aparecieron al detectar una petición de 50.000 euros por parte de una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular sin que conste la fecha, la razón social o los datos de la persona física que formula la petición del dinero. Desconocemos si se llegó a realizar el pago de los 50.000 euros solicitados, pero la operativa demuestra la falta de control en la gestión de dichos fondos".