Exhibición de rabia radical del consejero de Educación de la Generalidad catalana, Josep Gonzàlez-Cambray, que este jueves ha visitado la escuela de Canet de Mar ejemplo de un flagrante caso de "apartheid" lingüístico. Se trata del centro Turó del drac (Cerro del dragón), donde una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) insta a dar el 25% de las clases en un aula de P-5. Nada más recibir el comunicado judicial, la dirección del centro y la Generalidad desataron una campaña de presión contra la familia que había logrado ese auto judicial con insultos y amenazas tanto en las redes sociales como en un grupo de WhatsApp de padres habilitado para intentar impedir el cumplimiento de la orden judicial.
En declaraciones a los medios, Gonzàlez-Cambray ha lamentado que, según él, la Generalidad no tenga herramientas para imponer la inmersión lingüística y ha calificado la decisión judicial como un "ataque intolerable a un modelo de éxito", pero se ha abstenido de abogar por la desobediencia como ha hecho en otras ocasiones.
En opinión de este dirigente separatista "nosotros (en alusión a los partidarios del llamado "modelo de la escuela catalana") somos la convivencia. Nuestro modelo tiene éxito, mantiene la cohesión social y la igualdad de oportunidades". "En Cataluña —añadió— no hay ningún problema con el idioma y aunque repitan esa mentira mil veces no la convertirán en verdad".
En el turno de preguntas, Gonzàlez-Cambray se ha negado a expresar la más mínima palabra de apoyo a la familia que está sufriendo el acoso de una parte de la "comunidad" educativa y se ha apuntado a la creciente práctica de negarse a responder en español e instó a los informadores a poner subtítulos. El primero en reaccionar así fue el rapero fugado en Bélgica Valtónyc. Siguió la CUP y ahora el consejero de la Generalidad cuyo gobierno está dispuesto a montar un enfrentamiento de primer orden para mantener su sistema lingüístico y de adoctrinamiento.
En su visita al centro, el consejero también se ha reunido con los padres que se oponen a la resolución judicial para mostrarles el apoyo que ha negado en todo momento a la familia amenazada con, entre otras medidas, dejar solo en clase al hijo de cuatro años.