El PSC ha dado el paso. Tras unas ciertas vacilaciones, ha decidido alinearse con las formaciones separatistas e integrarse en el denominado "Pacto Nacional por la Lengua", el instrumento ideado por el gobierno catalán para tratar de zafarse del cumplimiento de las resoluciones judiciales que indican que el 25% de la enseñanza en Cataluña se debe impartir en español.
Tras episodios como el acoso a la familia de Canet de Mar que pidió y consiguió un 25% de enseñanza en español para su hijo de cinco años (que se ha intentado reproducir en un centro tarraconense afectado por otra resolución judicial), el PSC mantiene su vinculación con el separatismo en materia de política lingüística, fiel a su historia de inspirador de herramientas como la inmersión lingüística.
El pasado mes de septiembre, el grupo socialista en el Parlament votó a favor del antedicho pacto, un acuerdo que se concretará definitivamente en febrero con la primera reunión. La confirmación por parte del Tribunal Supremo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) alusiva al 25% de español en las aulas hizo dudar a los socialistas catalanes, quienes finalmente han disipado tales dudas a favor de mantenerse en su posición tradicional, al lado de las formaciones separatistas.
Con los espías de los patios
En el "Pacto Nacional por la Lengua" participarán también organizaciones como Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, la entidad de comisarios políticos voluntarios que se dedica a espiar a los niños en los patios para realizar presuntas encuestas sobre el supuesto riesgo de extinción del idioma catalán. Además, estará dotada con un presupuesto de 350.000 euros para alimentar un debate sobre los mecanismos para blindar la política lingüística de la Generalidad, basada en dos ejes: la inmersión lingüística en la enseñanza y la erradicación del español en todas las esferas de la vida pública en Cataluña.
Ante las críticas de la oposición, los socialistas aducen que se han integrado en el frente lingüístico separatistas para tratar de que el español tenga presencia en los centros educativos de zonas donde su uso es inexistente o testimonial. Sin embargo, su presencia en el "Pacto" alimenta dudas sobre la posición del Gobierno en relación al incumplimiento sistemático de las sentencias sobre el castellano en el sistema educativo catalán y es un espaldarazo para la tesis de ERC y JxCat, que animan a los profesores a desobedecer y les prometen asistencia jurídica a cargo de la administración autonómica si hacen caso omiso de los fallos de los tribunales.