Después de las infaustas sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento catalán en las que se intentó dar apariencia de legalidad al golpe de Estado separatista (se aprobaron unas leyes que preveían que el presidente de la república nombrar al presidente del Poder Judicial) la cámara autonómica no goza precisamente de gran prestigio institucional. Los sucesos de aquellos días, los intentos por investir a dirigentes fugados o en la cárcel, la aprobación de mociones sobre la autodeterminación o contra la Corona, la parálisis legislativa y la crispación independentista han minado el crédito de la institución.
Una de las misiones de la presidenta de la cámara, la posconvergente Laura Borràs, era normalizar el Parlament, pero nada más lejos de sus intenciones, su carácter y sus formas. Tras unos pocos meses en el cargo, fulminó al secretario general de la cámara, Xavier Muro, sobre el que pesaban graves acusaciones de los grupos independentistas y del expresidente Torra. A Muro se le reprochaba, entre otras muchas cosas, que no se publicaran los pronunciamientos de dudosa legalidad de esos grupos en el Boletín Oficial del Parlamento (BOP). Fue sustituido por Esther Andreu, nombrada por la propia Borràs y en principio persona de su confianza. Acto seguido salió de escena el letrado mayor, Joan Ridao, exdiputado de ERC que aceptó un puesto mucho más tranquilo al frente del Institut d’Estudis d’Autogovern. Fue promocionado al cargo de letrado mayor Miquel Palomares, quien también gozaba de la confianza de Borràs y "su" secretaria general, Andreu.
Las "licencias de edad"
Sin embargo, el escándalo de las llamadas "licencias por edad" (funcionarios que cobraban el mismo sueldo así como algunos extras por no ir a trabajar los cinco últimos años antes de la jubilación) a las que estaban acogidos 21 funcionarios del Parlament junto a la retirada del escaño del cupero Pau Juvillà han dinamitado todas las confianzas entre el nuevo equipo de Borràs. El caos en las tripas de la cámara autonómica es absoluto.
Borràs echó las culpas de su falta de concreción en los llamamientos a la desobediencia a Andreu y a los funcionarios. Según la presidenta, ellos habían cumplido "por miedo" la orden de la Junta Electoral Central (JEC). Y si las aguas ya estaban revueltas y turbias, la elaboración de un informe sobre la legalidad del procedimiento ha degenerado en un crudo enfrentamiento entre la secretaria Andreu y el letrado Palomares que se ha saldado con una resolución de retirada de funciones al letrado mayor publicada en el Boletín Oficial del Parlamento (BOP).
Según Palomares, las "licencias por edad" se podían revocar perfectamente, dictamen que habría soliviantado a los funcionarios que ya gozan del privilegio y a los doce solicitantes a los que se había informado de que se les concedía la licencia pero aún no habían hecho efectiva la nueva situación. Con ellos se alineó Andreu en contra de Palomares, cuyo razonamiento jurídico es que los funcionarios están en activo, las licencias no son un derecho consolidación y se puede cambiar perfectamente su situación y que vuelvan al trabajo.
Seguridad jurídica
Dadas las conclusiones que iba avanzando Palomares cuando el informe aún no estaba cerrado, la secretaria decidió encargar otro que coincidiera con sus tesis y con las de Borràs, esto es que los 21 funcionarios que cobran sin trabajar sigan como hasta ahora. Se mantienen, en cambio, las dudas sobre las 12 peticiones concedidas pero que aún no han pasado a la nueva situación. Según la tesis de un grupo de letrados de la cámara, revocar unas y otras licencias iría contra la seguridad jurídica de los trabajadores.
Borràs quiso dar ejemplo de austeridad y rigor y su maniobra ha degenerado en un cisma entre los funcionarios. Primero se ocultó información sobre los privilegios de los funcionarios del Parlamento, después dijo que eliminaba tales privilegios y ahora los funcionarios nombrados por ella para dirigir el funcionamiento interno de la cámara se enzarzan en peleas que enrarecen un ambiente ya de suyo espeso.