Los separatistas dan nuevos pasos en la organización del referéndum de autodeterminación a la espera de las consecuencias prácticas de las medidas emprendidas por el Gobierno, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, que no parecen conmocionarles en absoluto. Cientos de alcaldes, según la Asociación de Municipios por la Independencia, han respondido satisfactoriamente a la orden del presidente y el vicepresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, de poner a disposición de la "administración electoral" del 1 de octubre. Los medios públicos ya difunden la propaganda "institucional" del referéndum, funciona la web "informativa" donde se alistan voluntarios para la organización y celebración de la consulta y el Parlament secuestrado por los partidos separatistas continúa con el golpe de Estado.
Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP han recurrido a la misma estrategia del miércoles para entorpecer en la medida de lo posible la imposición por aplastamiento de la agenda secesionista. El Consell de Garanties Estatutàries, organismo cuyos dictámenes son obligatorios, pero no vinculantes, ha vuelto a recordar a la Mesa del Parlament que cualquier norma que se pretenda tramitar en la cámara requiere de un informe del ente si así lo pide alguno de los grupos parlamentarios. Según la nota del Consell, el derecho de los diputados a requerir dictamen "no puede ser limitado por algún órgano parlamentario".
Tanto da. La presidenta de la cámara, Carme Forcadell, está dispuesta a alargar las sesiones lo que sea menester y a convocar Mesa y junta de portavoces cuantas veces sea necesario para salvaguardar un atisbo de "normalidad" parlamentaria. Los diputados de los grupos separatistas y los miembros del Govern sobrellevan con notable irritación las dilaciones provocadas por la oposición. Les acusan de "filibusterismo" mientras nombran los miembros de la "administración electoral" de madrugada y alteran el orden del día a su conveniencia y con la connivencia de Carme Forcadell y los miembros separatistas del órgano rector del hemiciclo.
Escritos de los servicios jurídicos
A tenor de los escritos de los servicios jurídicos y administrativos del propio Parlament y del Consell, considerado un Tribunal Constitucional autonómico, los partidos separatistas han desbordado ya todas las líneas rojas. El portavoz de "Catalunya Sí que Es Pot" (confluencia de podemitas, comunes de Colau e Iniciativa per Catalunya), Joan Coscubiela, puso el dedo en la llaga al advertir a los partidos separatistas que estaban cometiendo un atropello con los derechos de los diputados.
Su grupo parlamentario está roto. Los podemitas de Pablo Iglesias apoyan el referéndum, los comunes coquetean con el proceso separatista, pero Coscubiela ha asumido la función de portavoz del grupo parlamentario para denunciar las tropelías de los grupos separatistas hasta el punto de haber obtenido una ovación de los diputados del PP, Ciudadanos y el PSC puestos en pie y seguida del clamor "¡Democracia, democracia, democracia!".
Coscubiela llegó a afear a Carles Puigdemont su conducta. "Si alguien le tiene que explicar al presidente de la Generalidad lo que significa el respeto por el Estatut es que hemos llegado a una situación muy grave. Han llegado al límite de pisotear los derechos. Nosotros estamos a favor del referéndum, que es legítimo el proyecto de la república catalana, pero no de esta manera". El exdirigente de CCOO realizó un alegato a favor de la independencia, pero en contra de los procedimientos totalitarios empleados por Junts pel Sí y la CUP. "Siguiendo sus métodos, aplicando la mayoría absoluta parlamentaria, se podría debatir y aprobar la pena de muerte", declaró desde el atril el diputado izquierdista señalando directamente a Puigdemont, que gesticulaba negando. "Fíjese a qué grado de irresponsabilidad han llegado. Eso no se lo merece usted ni el cargo de presidente de la Generalidad", concluyó Coscubiela en uno de los pocos momentos "hábiles".
Como el miércoles, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos; Alejandro Fernández, del PP; Eva Granados y Ferran Pedret, del PSC, estuvieron a la altura de las circunstancias en su denuncia de los procedimientos autoritarios de los separatistas.
Amenaza de la CUP
La CUP replicó a la oposición acusando al Consell de Garanties Estatutàries de estar al servicio del Estado. El diputado Benet Salellas apuntó directamente al organismo de la Generalidad y recriminó a sus componentes "someterse" a los partidos de la oposición. Avisados quedan.
A cinco minutos de las nueve de la noche Forcadell dio paso a la votación de la alteración del orden del día, que salió adelante con 71 votos a favor. Tras un breve rifirrafe con los diputados de la oposición, se votó la exención de los trámites para la ley de "transitoriedad". Los diputados de PP, Cs y PSC se marcharon de la cámara.
Sustanciadas a trancas y barrancas las dos votaciones, Forcadell abrió un plazo hasta las once de la noche para presentar enmiendas al articulado de la nueva norma, una especie de "constitución" que aspira a regir Cataluña a partir del 2 de octubre y hasta la redacción de la carta magna de la república tras unas elecciones constituyentes y otro referéndum.
Otra "ley" aprobada
A las 00:45, comenzaban la votación de la ley de transitoriedad. Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP abandonaban sus escaños. El PP no dejó banderas en prenda. Carme Forcadell daba pasó a la criba de enmiendas. La CUP y Junts pel Sí se había autoenmendado. Se trataba de dar un pátina de burocracia parlamentaria al golpe tras las intervenciones de la oposición.
Todo salió a pedir de boca de los separatistas. A las 00:48 del viernes 8 de septiembre daba por aprobada Forcadell la ley "fundacional" en ausencia de los diputados de la oposición. Acto seguido, suspendía la sesión hasta este viernes a las diez de la mañana.