Como si de los trabajos de Sísifo se tratara, las entidades constitucionalistas que se oponen a la discriminación de los ciudadanos que hablan español en Cataluña y los partidos Vox, Ciudadanos y PP han emprendido una nueva travesía judicial para impedir que la sentencia sobre el 25% de español en el horario lectivo de los colegios catalanes no quede en papel mojada, una más de las decenas de sentencias incumplidas por la Generalidad.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), impulsora de "Escuela de Todos", Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han recurrido al Tribunal Superior de Justicia para informar del flagrante incumplimiento del fallo. Entienden que el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC) habría incurrido en los delitos de desobediencia y prevaricación. Hablamos Español destaca que el delito de desobediencia acarrea una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. En el caso de la prevaricación, de siete a diez años de inhabilitación.
Las denuncias, presentadas en la sala de lo penal, incluyen la recopilación de declaraciones en contra del fallo y el manifiesto propósito de no acatar la sentencia. El propio decreto ley aprobado el lunes por la Generalidad y que ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Generalidad hace mención expresa de que no se aplicarán porcentajes en la enseñanza de los idiomas. Hablamos Español también subraya en su denuncia una de las preguntas del cuestionario enviado por la consejería de Educación a los centros: "¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?". En caso de respuesta negativa, el proyecto lingüístico del centro sería inmediatamente anulado con el nuevo decreto en mano.
También Ciudadanos ha denunciado ante la Fiscalía al consejero Gonzàlez-Cambray por prevaricación y desobediencia. En la denuncia se apunta a que el decreto ley contra el fallo del 25% "lejos de garantizar en todo caso para todos los centros educativos y todos los alumnos la enseñanza sostenida con fondos públicos en castellano, se reitera la voluntad excluir este derecho de todos los ciudadanos que deriva de la Constitución porque se excluye su carácter vehicular y se cancela el único mecanismo que permite respetar esa vehicularidad, que es el establecimiento de un porcentaje mínimo que no la convierta en residual o de tratamiento asimilable a una lengua extranjera".
PP y Vox se plantean llevar el decreto al Tribunal Constitucional. Como primera providencia han pedido un informe al Consejo de Garantías Estatutarias que de momento paraliza el trámite parlamentario de la aprobación del decreto. También están dispuestos a recurrir a la vía penal.
Gonzàlez Cambray desafía al TSJC
Por su parte, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray ha instado en tono desafiante al TSJC a que vele por el cumplimiento del decreto de la Generalidad y anule la sentencia del 25% "porque los tribunales están para hacer cumplir las leyes". También ha amenazado a los directores de los centros que no se adapten al decreto. La orden de anular cualquier tipo de porcentaje en la enseñanza del español obliga a los colegios que ya habían adoptado la medida a incumplir la ley. El consejero ha sido tajante: "La fiscalización no me gusta, pero si en el seguimiento observamos desajustes en el cumplimiento (del decreto), tomaremos las medidas oportunas".