El Gobierno de Pedro Sánchez no se plantea, de momento, tomar ninguna medida tras el decreto de la Generalidad para evitar que el 25% de las asignaturas se impartan en español, pese a que hay una sentencia del TSJC que le obliga a ello. "Lo que dice el Gobierno es que han de cumplirse las sentencias", aseveraba este martes la portavoz, Isabel Rodríguez.
La idea que tienen en el Gobierno es que sea la Justicia la que le obligue a acatar la sentencia ya que, de lo contrario, el Ejecutivo de Pere Aragonés estaría "prevaricando". El proceso advierten que será lento, ya que la Generalidad todavía tiene que responder "a la alta inspección educativa", que se encargará de comprobar si se incumple el fallo.
"Primero la justicia", aseguran en el Gobierno pero evitan aclaran qué harían si el incumplimiento continúa, no en vano este martes la Consejería de Educación ha enviado unas instrucciones a todos los centros educativos de Cataluña para que se salten la sentencia y, en el caso de que estuviesen aplicándola, la retirasen de sus proyectos lingüísticos.
Defensa de la ley pactada con ERC
En La Moncloa defienden la nueva ley lingüística pactada entre PSC, Comunes, ERC y Junts. "Valoramos muy satisfactorio el acuerdo para una ley", afirman en el palacio gubernamental pese a que la norma aprobada hace una semana ponía los pilares para incumplir la sentencia del 25%, al no establecer unos porcentajes mínimos.
"Hay que dejar el catalán fuera del debate", afirman en el entorno de Pedro Sánchez , donde no dudan en elogiar a su partido hermano en Cataluña, liderado por Salvador Illa, al haber pactado una ley con los principales partidos separatistas.
