Tal como era de prever, la Generalitat de Cataluña acaba de maquinar por la vía de urgencia otra treta leguleya, la enésima, cuya consecuencia práctica habrá de ser que la también enésima sentencia de los tribunales de justicia a cuenta del uso docente del idioma español quede huérfana del menor efecto real. Es sabido, por lo demás, que la Generalitat tiene por costumbre ya institucionalizada el reírse tanto de los jueces como de sus mandatos.Tan sabido es eso como que también resultan ser los propios jueces y magistrados los primeros en dejar que las autoridades de Cataluña les tomen el pelo por consuetudinaria rutina.
He ahí, pues, no un tribunal cualquiera, sino uno que se dice a sí mismo supremo, ordenando de modo imperativo al señor González, que por tal responde el consejero de Educación, que a partir de ya, y sin demora, en todos los centros docentes de la demarcación se use el castellano como lengua de aprendizaje. Y también he ahí al tal González diciéndoles a los jueces españoles que, por su parte, seguirá procediendo tal como le ordene su real gana. Así las cosas, nos veremos obligados a tener que discernir sobre si pesan más los collons del tal González o las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y yo no descartaría que, en efecto, pesen más los primeros.
Ocurre que el Tribunal, ante una actitud ostensible, pública, manifiesta y chulesca de desobediencia como la adoptada por el consejero, puede hacer dos cosas. Puede multar a González, primera prerrogativa. Y también puede, segunda, incoar contra él un procedimiento penal. El problema es que cualquier sanción económica que recayese sobre su persona terminaría siendo costeada por la Administración catalana con cargo a los contribuyentes, como ya ocurrió en su momento con Artur Mas y compañía, lo que añadiría un sangrante plus de sarcasmo a la burla habitual. Y si se llegase a abrir una causa penal, entonces la primera condena, nadie lo dude, recaería sobre los propios miembros del Tribunal, que verían amenazadas en el acto sus carreras profesionales, al depender su promoción futura de los partidos que tutelan con mano de hierro el CGPJ. Así que seguirán mofándose de ellos. Como siempre.