Podemos ve acabarse la legislatura. Y tiene prisa por aprobar algunas de sus medidas más radicales: entre ellas, el jaque definitivo a la educación concertada. Quiere forzar un vaciado de fondos de estos colegios y pretende hacerlo prohibiendo las aportaciones de los padres a las cuentas de los centros educativos.
Podemos lo denomina "cuotas". Se refiere a las aportaciones voluntarias de los padres a los colegios concertados. Y los morados quieren que ese oxígeno financiero no llegue a los centros educativos para asfixiarlos.
Podemos asegura que "un informe elaborado por Save the Children y EsadeEcPol de abril de 2021 apuntaba que España es el tercer país de la OCDE con más segregación escolar, solo por detrás de Turquía y Lituania". Y que "la Comisión Europea, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya han avisado a España de que debe revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país y en los que 9 de cada 10 son públicos, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid".
Según Podemos, "las cifras desvelan la magnitud del problema que hay en España con la segregación escolar, que se repite curso tras curso privando a cada alumno y alumna que lo sufre de un futuro en igualdad de oportunidades en un sistema en el que la educación debe ser un elemento cohesionador, un bien común y una herramienta de construcción social. La escuela pública y de calidad".
El partido de Ione Belarra e Irene Montero afirma que "la segregación escolar influye directamente en el fracaso del alumnado porque profundiza y empeora todavía más las desigualdades derivadas de las condiciones socioeconómicas". "El indicador ISEC (Índice Socioeconómico y Cultural) muestra que existe una diferencia de 82 puntos entre el alumnado de familias con un nivel socioeconómico alto y el alumnado de familias con un nivel socioeconómico bajo. Esto equivale a una diferencia de dos años de escolarización", añade el texto de la proposición no de ley (PNL).
Podemos afirma que "el alumnado de familia con un indicador socioeconómico y cultural bajo tiene hasta seis veces más riesgo de obtener un rendimiento educativo bajo". Y asegura que "se trata de una problemática grave, arrastrada o bien por falta de contundencia en el abordaje de las soluciones o bien por la absoluta ausencia de políticas que impliquen la mejora del sistema educativo" que contrasta "profundamente con ejemplos como el finlandés, donde un 98% de los alumnos están matriculados en escuelas públicas, donde el modelo del concierto educativo no existe y donde se destina un 6,9% del PIB, según datos del Instituto de Estadística de la Unesco de 2015 y 2016".
Podemos desvela en ese mismo texto su plan: "El informe de Save the Children y EsadeEcPol antes citado recoge un dato interesante: la segregación también viene condicionada por las políticas educativas que alimentan el desequilibrio, como la oferta de la escuela concertada que cobra cuotas a las familias". Y, por eso, Podemos declara la guerra al sistema de financiación de este tipo de colegios: "Cabe recordar que la finalidad de la concertación de centros en España era convertirse en una herramienta para garantizar la escolarización obligatoria allá donde no llegase la escuela pública. Entendida la educación como un derecho colectivo de construcción social, la concertación servía de manera transitoria mientras se iba fortaleciendo y construyendo la escuela pública".
Este modelo "temporal se ha ido pervirtiendo y se ha convertido en un sistema de escuela pública, privada y concertada inamovible, usando el pretexto tergiversado de la libertad de elección del centro educativo", afirma la formación comunista. Y sentencia: "Las cuotas de las escuelas concertadas rompen con el derecho a la educación, que es "obligatoria y gratuita", y que queda reflejado en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, que establece que "el régimen de conciertos que se establece en el presente Título implica, por parte de los titulares de los centros, la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos. No cumplir con ello implica un factor de desigualdad, así como una ilegalidad".