El Gobierno aprobó este martes la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la tercera reforma universitaria de la democracia y que, como otros proyectos de la era Sánchez, ha nacido con polémica. A falta de conocer la letra pequeña del proyecto durante la tramitación en las Cortes, lo que se ha difundido ha suscitado ya críticas entre sindicatos, profesores y también entre las autonomías que tendrán que pagar la factura.
La que ha respondido con más contundencia ha sido la Comunidad de Madrid: 24 horas después de su aprobación, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que la nueva norma "no causa más que problemas", se ha aprobado "sin consenso", y que "en líneas generales, como todas las que están poniendo en marcha desde el Ministerio, o bien de Educación o bien de Universidades, van en la línea contraria de lo que necesitan los alumnos hoy en el siglo XXI, que es la excelencia, capacidad, conocimientos y formación".
Estas son algunas de las claves por las que Madrid considera que la norma causará "un daño tremendo a las generaciones":
¿Quién pagará la factura? la nueva ley incluye un compromiso mínimo de gasto en universidades del 1% del PIB, lo que, según Madrid, supondrá que la partida presupuestaria pase de 1.055 millones de euros " a más del doble con alrededor de 2.400 millones". Entre los compromisos de la norma que supondrán más gasto está el de hacer fijos a los profesores asociados, con el objetivo de bajar la temporalidad del 40 al 8%. Según el Ministerio, el cambio mejorará las condiciones laborales de unos 25.000 profesores.
Menos exigencias para ser rector: la LOSU romperá con la obligación de ser catedrático para ser rector. Según la nueva norma, sólo será necesario ser funcionario y en cualquier caso estará en manos de las universidades establecer o no criterios adicionales.
Estudiantes con derecho al paro: la LOSU establece el derecho al paro académico, por lo que el estudiante no se arriesgará a penalizaciones por faltar a clase o no hacer un examen. Por otro lado, la nueva norma implica cambios en las estructuras de gobierno universitarias que suponen, entre otras cosas, que los estudiantes tengan una representación mínima del 25% en instituciones como el Claustro, los Consejos de Facultad y Departamentos. Según el Gobierno, es "una ley pensada para los y las estudiantes". Según Madrid, esta situación va a provocar que "se les conceda voz en cuestiones que ni les competen ni pueden asumir".
Criterios "étnicos" para conceder becas: la ley menciona la concesión de becas por criterios socioeconómicos pero abre la puerta a tener en cuenta otros criterios como "la discapacidad y sus necesidades de apoyo, al origen nacional y étnico, las circunstancias sociales, cargas familiares, situaciones de violencia de género" y otras formas de "violencia contra la mujer" y otras "características específicas" de los alumnos. Desde Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha indicado que va a pedir explicaciones por la inclusión de este punto a última hora.
Priorización en la contratación de mujeres: un punto importante de la nueva ley universitaria son los "planes de igualdad", que serán obligatorios en todas las universidades públicas y privadas y que tendrán que contar, además, con Unidades de Igualdad y de Diversidad. Se establece, además, que las comisiones de evaluación y selección de personal sean "paritarios" y se indica que en los concursos "se podrán aplicar acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al sexo menos representado".
Ruptura de la igualdad autonómica: Madrid y sindicatos como CSIF han alertado de que la nueva normativa "rompe la igualdad y el marco común básico entre comunidades autónomas". Las autonomías y universidades ganarán en poder en la acreditación de profesores y en el desarrollo y funcionamiento de los órganos colegiados. CSIF alerta de que "se podría romper la equidad entre universidades públicas". Desde Madrid, se destaca que se rompe el "sistema único de acreditación de docentes universitarios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)" al incorporar a las agencias autonómicas en el "desarrollo de la evaluación de los méritos y competencias" de los profesores.
Otra cesión autonómica tiene que ver con el catalán y la "pluralidad lingüística", al incluirse una financiación adicional por ley a las universidades que impartan sus títulos en una lengua cooficial.
"Queremos hacer un llamamiento" por esta nueva ley de Universidades, "que nuevamente se ha pergeñado en momentos complicados, sin apenas consenso y que, a nuestro juicio no causa más que problemas", subrayó la presidenta madrileña, que destacó que los criterios étnicos para conceder becas "van directamente en contra del artículo 14 de la Constitución" por lo que pidió al Gobierno "más información, más concreción" y que les explique a qué se refiere con ello.
Las batallas educativas de Ayuso
Esta es la enésima batalla que emprende Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno de Pedro Sánchez en materia educativa. La presidenta madrileña comenzó anunciado en marzo que incluiría la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO después que fuera borrada por el departamento que dirige Pilar Alegría, así como el estudio cronológico de la Historia, desde la antigüedad hasta nuestros días.
Poco después de este anuncio, se publicó en el BOE el decreto gubernamental del currículo de Bachillerato. Fue a partir de ese momento cuando la lucha se volvió más cruenta. La presidenta madrileña prometió una revisión "pormenorizada y urgente" de su contenido a través de un plan especial que dirigiría el Servicio de Inspección Educativa autonómico. Se dio la orden a la Inspección, según avanzó en aquel momento Ayuso, de solicitar la retirada de todos los libros "que contengan material sectario".
En la misma línea se pronunciaron otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Pero ninguna llegó tan lejos como Madrid: pocos días después de anunciar su plan especial de Inspección, Ayuso informó de que su Gobierno recurriría ante el Tribunal Supremo el currículo de Bachillerato.
"Están volando los puentes entre el pasado, el presente y el futuro y dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española", explicó la jefa del Ejecutivo regional. El Gobierno autonómico elevó así su rechazo ante el Alto Tribunal destacando la parte de los temas elaborados por el Ministerio de Educación, ya que considera que dejan de lado aspectos esenciales para la formación de los alumnos, especialmente perjudicial en Bachillerato. Por ello, pide la suspensión cautelar del real decreto, con el fin de poder usar, mientras tanto, los libros de texto actuales, y no se descarta recurrir al Tribunal Constitucional.
En relación a la Justicia, Ayuso obtuvo hace poco más de dos semanas una importante victoria: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rectificó y levantó las medidas cautelarísimas que había concedido a CCOO contra el decreto de Promoción, Evaluación y Titulación con el que el Gobierno de Ayuso pretendía paliar algunos de los efectos de la Lomloe; en concreto, lo que atañe a pasar de curso con varias asignaturas suspensas. El TSJM llegó a acusar de "mala fe procesal" al sindicato.
En las últimas semanas, la consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio sacó adelante el currículo de Educación Infantil, que comprende de los 0 a los 6 años, que modificaba en parte el elaborado por el Gobierno de Sánchez. Eliminaron los contenidos que hacían referencia al desarrollo sexual de los niños y simplificaron algunas expresiones: familias en vez de "diversidad familiar"; relaciones en lugar de "andamiajes e interacciones de calidad"; o historia en sustitución de "relato".