No es la primera vez que Bildu pretende alterar la historia de ETA. Pero sí es la vez en la que más ha mimado su plan. Por eso los juristas de los proetarras han estudiado hasta el mínimo detalle del texto de la Ley de Memoria impulsado por Pedro Sánchez. Lo han revisado y han sustituido en el articulado verbos como "investigar" por "estudiar". Porque en anteriores intentos de los proetarras -como el de 2018 por medio de una ley navarra-, el Tribunal Constitucional tumbó sus deseos de revisar la historia con el fin de cargar contra la Policía y Guardia Civil acusándoles de torturas a los etarras. Y el Constitucional lo hizo, precisamente, por arrogarse funciones como la investigadora, que sólo son propias de la Justicia. Ahora los juristas de Bildu han perfeccionado su técnica de ataque a la policía y las víctimas. Y quieren un golpe certero.
Hasta ese punto de pacto ha llegado la alianza entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi: hasta el de asumir las exigencias jurídicas de Bildu para intentar sortear un freno del Constitucional en los planes de los proetarras.
La Ley de Memoria Democrática ha incorporado una exigencia clave de Bildu: la de crear una comisión técnica que estudie la violencia durante la Transición, entendido ese período histórico, también, como el transcurrido entre 1978 y 1983. Ese órgano ha sido incorporado al texto de la norma tras el pacto del PSOE con Bildu. Pero, lo que es peor, no sólo la comisión figura por exigencia de Otegi. También la terminología: y es que se usa el verbo estudiar en vez del verbo investigar para eludir el veto del Constitucional ya vivido en 2018 a la fórmula de la ley de abusos policiales, impulsada en Navarra y País Vasco por PNV y Bildu para acusar a la Policía Nacional y Guardia Civil de torturas a etarras y generar la imagen de que aquella matanza no fue un interminable listado de asesinatos cometidos por terroristas contra inocentes, sino un intercambio de ataques en una "guerra", como siempre han defendido los etarras.
La clave, efectivamente, se encuentra en el redactado del Constitucional al argumentar la ilegalidad la ley navarra, donde esgrimió que el único poder con capacidad para investigar es la Justicia. Y no comisiones administrativas de ningún tipo. Por eso, el Tribunal Constitucional afirmó que una comisión nombrada a dedo por un Gobierno -exactamente igual a la que pretende crear la nueva Ley de Memoria- no podía acusar de delitos a nadie.
Los juristas de Bildu han tomado nota. Han sustituido el verbo investigar por el término estudiar. Y Sánchez ha asumido la exigencia.
La nueva norma de Sánchez, efectivamente, prolonga el periodo de persecución y violencia hasta la promulgación de la Constitución -1978- y justo hasta ese momento limita temporalmente las posibilidades de investigación y reconocimiento de las víctimas del franquismo, que figurarán en un censo estatal y serán controladas por un fiscal y un trámite judicial. Pero, sin embargo, se añade la creación de la mencionada comisión técnica para que estudie posibles vulneraciones de derechos humanos a otras personas provocadas, según el texto de la ley, por "su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los derechos democráticos" hasta el 31 de diciembre de 1983. Esta comisión, además, evaluará "posibles vías de reconocimiento y reparación". Pero, sobre todo, lo hará sin control judicial, porque no investiga, sino que estudia, con lo que podrá acusar administrativamente a la Policía y Guardia Civil de supuestos abusos y torturas. Justo lo que perseguía Bildu. Y justo lo que le ha dado Sánchez.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional anuló la ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, aprobada en su momento por el cuatripartito de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra y con el apoyo del propio PSN y que fue suspendida cautelarmente por el veto del Gobierno nacional del PP. Y hay que remarcar que la sentencia estimó el recurso de la Abogacía del Estado en Navarra por "conculcar derechos fundamentales de todos cuantos pudieran verse sometidos o expuestos al escrutinio de la comisión", un órgano político, no judicial.
¿Por qué? Pues porque la ley navarra no tuvo en cuenta que la única instancia con potestad para investigar es la Justicia. Y la ley navarra, como la vasca de iguales términos, dejaba esa función en manos de una comisión nombrada por los propios Ejecutivos.