Era lógico. Y se cumple. En pleno asalto doble del Gobierno al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los separatistas entran al trapo en el Congreso de los Diputados para ayudar al linchamiento judicial. En esta ocasión, le ha tocado el turno a Junts, que ha presentado peticiones de comparecencia en la Cámara Baja del presidente del Poder Judicial (CGPJ) y de la fiscal general para hablar de grabaciones de Villarejo.
Todo ocurre después de que Pere Aragonés, presidente de la Generalidad que comandan ERC y Junts, haya exigido personalmente a Pedro Sánchez un indulto generalizado a todos los procesados o imputados por actos violentos relacionados con el separatismo y con futuros intentos de referéndums ilegales. Y, dicho y hecho, comienza el ataque en el Congreso a esa misma Justicia hasta que entienda que debe asumir sus exigencias.
Junts acaba de presentar dos peticiones de comparecencia en el Congreso: del "presidente del Consejo General del Poder Judicial" y de la Fiscal General. Y la causa no es otra que las grabaciones de Villarejo, en concreto, en la parte que alude al juez Andreu y al asunto de las cuentas de Xavier Trias. Y, todo ello, se suma a una operación de asalto judicial del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC), que pretende extenderse al Poder Judicial (CGPJ).
El pasado miércoles la invasión del TC superó su primer trámite en el Congreso. Los socios de Sánchez permitieron que se aceptara tramitar la "reforma exprés" propuesta por el PSOE para desbloquear la renovación del TC devolviendo al Consejo General del Poder Judicial la capacidad de designar a dos candidatos a la corte de garantías. El fin no es otro que el de que el propio Gobierno pueda cambiar dos miembros actualmente designados por los conservadores y sustituirlos por los elegidos por Pedro Sánchez. Un cambio imposible si el CGPJ no procedía a cambiar otros dos porque los cuatro juntos conforman el tercio de renovación que exige la propia Constitución -son doce miembros, con lo que los tercios exigen cuatro en cada cambio-.
Sánchez necesita, de este modo, que el CGPJ nombre a esos dos nuevos magistrados del Constitucional porque así él puede elegir a otros dos y cambiar el signo conservador del actual tribunal.
Los socialistas sacaron adelante tanto la toma en consideración de su proposición de ley como la tramitación en lectura única. Así, la medida pudo superar un primer trámite y el Pleno los pudo aprobar este pasado jueves sin pasar por ponencia ni comisión. Pero, en sus intervenciones, tanto los socialistas como sus socios separatistas dejaron claro que no se contentan con el TC. Y acusaron al PP de no querer renovar el CGPJ. Porque quieren el control pleno de ese organismo y del TC.
Y es que las aspiraciones de los separatistas son amplias: quieren referéndums ilegales y normas de control educativo y social aún más pro ruptura que las aplicadas actualmente. Y no quieren una supervisión de un TC independiente en este empeño.
Pero también quieren una anulación judicial en los procesos y actuaciones judiciales contra los delitos relacionados con el separatismo. Y para ello quieren más control judicial.
Porque la extensión del nuevo indulto solicitado por el presidente catalán, Pere Aragonés, a Pedro Sánchez abarca a los más de 300 casos de violencia callejera por separatismo encausados judicialmente en estos momentos. Aragonés ha exigido ya el perdón general para los violentos confirmados como tales y para los que lo acaben siendo en futuros referéndums. ERC, de hecho, registró el pasado mes de mayo en el Congreso su petición formal y por escrito para proceder al archivo de toda actuación judicial para los CDR y los integrantes de Tsunami. Toda una impunidad o inviolabilidad penal para quienes defienden con violencia la ruptura de España y, además, extensible a quienes preparan ya nuevos referéndum separatistas.