La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho acto de omisión absoluta ante los incendios que devastan España. Lo ha hecho pese a la acusación generalizada de que el abandono del cuidado campo por culpa de la burocracia ecologista ha convertido los bosques en un inmenso arsenal combustible. Pero la ministra tiene un plan: reaparecer cuando ya hayan pasado los incendios. Lo hará de la mano de un estatuto del bombero. Para apagar los incendios cuando ya se hayan extinguido.
El secretario de Estado de Medio Ambiente trabaja ya en ese texto legal. De hecho, el objetivo del departamento de Teresa Ribera es presentar el Estatuto Básico del Bombero Forestal y una Ley Básica de Agentes Medioambientales tras el verano. Así se le ha comunicado ya a los representantes del sindicato CSIF, que no han tardado en exigir una mayor celeridad y coordinación entre Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos para que la lucha contra los incendios sea más efectiva.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha comunicado ya a CSIF oficialmente que el Gobierno llevará al Parlamento, en el próximo período de sesiones, el proyecto de Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas Forestales, así como una Ley Básica de Agentes Medioambientales.
El pequeño problema es que el próximo periodo de sesiones se abrirá tras el verano. Es decir, tras los incendios.
CSIF y el resto de sindicatos representativos han contestado al secretario de Estado con una profunda preocupación "por la situación insostenible en la que se encuentra el colectivo de profesionales, agravada con la actual ola de incendios forestales que asola España". "Así, hemos manifestado la urgente necesidad de establecer políticas que profesionalicen la actividad en materia de formación, cualificación, requisitos físicos etc. y que además faciliten la coordinación entre las distintas comunidades autónomas del personal que se dedica a las actividades de prevención vigilancia y extinción de incendios", señalan fuentes de CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha exigido igualmente al Gobierno que elabore una "estrategia nacional —en coordinación con las CCAA y ayuntamientos— para luchar contra los incendios forestales, así como un aumento de los efectivos y la redacción de una norma laboral básica que reduzca las diferencias salariales y unifique criterios de formación y prevención".
Por el momento, no hay respuesta sobre esta última petición de los sindicatos. Además, CSIF ha reclamado un "Libro Blanco" para conocer en detalle los efectivos y recursos con los que cuenta cada administración, y determinar los criterios de coordinación y colaboración entre Gobierno central, CCAA, ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "para no perder el tiempo en cuestiones burocráticas mientras el fuego devora nuestros bosques y se cobra vidas humanas".
Pese a todo ello, fuentes sindicales reconocen que el mero hecho de anunciar por parte del Ministerio de Teresa Ribera un texto legal cuya tramitación, a lo sumo, comenzaría a la vuelta del verano, es decir, con los incendios ya extinguidos, no parece ser el mejor indicador de que el Gobierno se esté tomando en serio el problema de los incendios y la situación de los bomberos.