
Los vocales contrarios al asalto de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional han pactado un cierre de filas hasta que finalice el plazo fijado por el propio Gobierno para renovar los magistrados del TC y culminar su maniobra política. Esa fecha se cumple la próxima semana. En concreto, el martes día 13. Y el pacto suscrito por ese grupo de vocales incluye no aceptar las presiones oficiales que aún sufrirán a lo largo de los próximos días para torcer el brazo. El asalto al TC de Sánchez, por el momento, se queda sin apoyos.
El PSOE incorporó in extremis una enmienda a su propuesta de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Lo hizo justo antes de la votación de esta reforma en el pleno del Congreso de los Diputados. La enmienda en cuestión incorporaba un plazo: una fecha límite. Se trataba de un periodo estipulado en tres meses para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrara a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que se debían unir a los dos del Gobierno en el actual tercio de renovación de magistrados del alto organismo. Sin los dos del CGPJ, el Gobierno no puede nombrar los suyos, según el mecanismo establecido por la propia Constitución. Y el tiempo se calculaba desde el mismo instante en el que las plazas quedaron vacantes: como ese tercio de renovación —correspondiente a cuatro magistrados del total de 12 del TC— quedaron en situación de vacante desde el pasado 13 de junio, los nuevos magistrados debían aceptarse antes del próximo martes, 13 de septiembre.
Pasada esa fecha límite, se acaba, en teoría la posibilidad de Sánchez de asaltar el TC por el actual mecanismo. Y los vocales contrarios al pisoteo del TC por Sánchez no sólo han rechazado la maniobra del Gobierno en el pleno del Poder Judicial de este jueves, sino que han extendido su compromiso hasta esa fecha tope. Es decir, que han prometido no aceptar las presiones socialistas hasta que ya no haya forma de tomar el control del TC por parte del Ejecutivo de Sánchez, al menos, a través del mecanismo de asalto diseñado en esta ocasión.
El compromiso se ha filtrado y, de hecho, el bloque de juristas favorable al asalto al TC ha preferido pensarse dos veces la solicitud de un pleno extraordinario el mismo día 13 para intentar de nuevo renovar a los magistrados. Y es que dos negativas seguidas del pleno del CGPJ les haría prácticamente imposible un intento diferente y nuevo de asalto institucional.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrado este jueves, de este modo, no ha acordado los nombramientos de los dos magistrados que le correspondían para el Tribunal Constitucional. Los vocales se han limitado a fijar las normas que deben seguirse para la elección de esos dos magistrados, pero sin especificar una nueva fecha en la que pudiese celebrarse otro pleno para la designación.
Este era el escenario más esperado después de que la reunión comenzase sin nombres sobre la mesa de posibles candidatos. Y es que los vocales contrarios al manoseo judicial de Sánchez, tal y como había contado Libertad Digital, habían expresado ya su rechazo a la maniobra de control judicial.
La maniobra del Gobierno de Sánchez y Belarra era sencilla: un tercio de los doce magistrados del TC debían renovarse en estos instantes: cuatro magistrados. Ese tercio es mixto: está compuesto por dos magistrados que debe impulsar el Gobierno y otros dos que debía avalar el Consejo General del Poder Judicial. Pero se debían elegir los cuatro en un mismo acto.
Para ello, los dos magistrados que corresponden al Poder Judicial, debían contar con respaldo expreso en el pleno de este pasado jueves. Y ese consenso mínimo no ha existido gracias a nueve vocales del Poder Judicial que no han estado por la labor de prestarse a una maniobra teledirigida por el Gobierno. El motivo ha sido igualmente simple: porque no aceptan un pacto pensado exclusivamente para permitir el nombramiento de los otros dos magistrados que designa el Gobierno. Y es que, con esos dos nombramientos elegidos por el equipo de Pedro Sánchez, la izquierda pasaría a controlar el TC y poder dar gusto a las maniobras separatistas de ERC y Bildu para desnaturalizar la interpretación de la Carta Magna y dar cabida, por ejemplo, a un referéndum pactado con el que relanzar el plan separatista.

