Los 379 asesinatos de ETA que están todavía sin resolver han centrado este miércoles una parte importante de la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Y es que casi la mitad de los crímenes cometidos en los cincuenta años de actividad terrorista no tienen un culpable o culpables conocidos, es decir, no tienen sentencia condenatoria, por lo que sus autores permanecen impunes y las víctimas no han tenido un mínimo de consuelo legal.
La propuesta relativa a este tema había sido presentada por el PP, que ha recordado que un informe del Parlamento Europeo ha tenido que sacar los colores a España e hizo tres claras recomendaciones al Gobierno que todavía no se han cumplido: declarar los crímenes de ETA como de lesa humanidad, perseguir por esos delitos como mínimo a los jefes de la banda terrorista, así como vincular cualquier beneficio penitenciario a que se ayuda a esclarecerlos.
Unas recomendaciones que, según ha mantenido el popular Jaime Mateu, es todo lo contrario a lo que está haciendo el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha trasladado ya al 80 por ciento de los presos de ETA al País Vasco y Navarra en contra de la decisión de las Juntas de Tratamiento de las prisiones amparándose "en una petición perdón que no es seria, como ha demostrado la Audiencia Nacional".
La petición de los populares de impedir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de ETA ha sido rechazada por los parlamentarios de la comisión, pues sólo ha contado con el apoyo de PP, Vox, Ciudadanos y UPN, y ha contado con el voto en contra de los partidos que conforman el Gobierno (PSOE y Podemos) y de los partidos que le dan apoyo parlamentario (ERC, PNV, Junts…) y de EH Bildu, que acoge en su interior a los herederos de Batasuna-ETA.
El mismo apoyo y el mismo rechazo, por lo cual también ha decaído, ha tenido otra propuesta de Vox que proponía la adopción de medidas "contra situaciones consolidadas de impunidad de los miembros de la organización terrorista ETA huidos de la acción de la Justicia", y que denunciaba la supuesta inacción del Gobierno de Pedro Sánchez al permitir que etarras huidos de la justicia vuelvan a España.
"No se puede permitir el retorno impune de etarras con procedimiento abiertos. No podemos permitir una impunidad consolidada. Los verdugos de las víctimas deben cumplir sus penas y no puede ser que las instituciones públicas faciliten su impunidad", ha defendido la diputada de Vox María Teresa López Álvarez, que también se ha encontrado con el rodillo de los partidos que sustentan al Gobierno.
Pistolas eléctricas y dietas para los policías
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados también ha rechazado otras propuestas de PP y Vox aunque, en este caso, lo más llamativo es que los socialistas se han mostrado a favor de ellas en múltiples ocasiones anteriormente, pero al restar reflejadas de forma tímida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con partidas reducidas, han optado por rechazarlas y pedir a ambos partidos que apoyaran las cuentas públicas del próximo año.
Es el caso, por ejemplo, de dotar de cámaras de grabación personal a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como de cámaras de 360 grados a los vehículos patrulla, con el objetivo de que las actuaciones queden grabadas y sirvan de protección jurídica tanto a los propios agentes como a los ciudadanos en el caso de que se produzcan hechos relevantes que tengan que ser juzgados en los tribunales.
También se ha rechazado la dotación a policías y guardias civiles de manera masiva de pistolas eléctricos o táser, un elemento que es menos lesivo que el arma reglamentarias y que se puede a usar a más distancia que la porra, por lo que facilitar la seguridad tanto de los agentes como de las posibles personas a reducir por las autoridad. Un elemento que ya está en uso en la Policía Nacional, aunque muy limitado, y compradas por la Guardia Civil.
Los socialistas se han mostrado partidarios de este elemento, reclamado desde hace años por las asociaciones profesionales de guardias civiles y los sindicatos policiales, pero llevan tiempo frenando su distribución y compra masiva porque sus socios (Podemos, ERC, EH Bildu…) están totalmente en contra. Es por ello que se ha unido al resto de partidos de izquierda y extrema izquierda para rechazar la propuesta.
Por último, PSOE, Podemos y el resto de partido de la oposición también han rechazado aumentar las dietas que reciben los policías y los guardias civiles cuando tienen que salir por alguna causa fuera de sus destinos y que se mantiene por debajo de los 80 euros desde el año 2005. En este caso, el argumento es que todos los funcionarios cobran las mismas dietas y que se debe aumentar a todos a la vez, al tiempo que han argumentado que los pagos extras que deben hacer se les retorna a posterior.