La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalidad de Cataluña acumula un 60% de sentencias condenatorias en los procedimientos judiciales incoados en los últimos cinco años contra resoluciones administrativas del organismo en relación con casos de menores declarados en situación de desamparo. Es decir, que más de la mitad han concluido con un fallo a favor de las familias.
Así se desprende de los datos ofrecidos el pasado 17 de octubre por el propio Gabinete Jurídico del Gobierno catalán a petición de Vox Cataluña, que han motivado que la formación de Santiago Abascal pida la comparecencia de la directora de la DGAIA, Ester Cabanes, en la Comisión de Infancia del Parlamento catalán. La solicitud fue registrada el pasado viernes, 28 de octubre, por Mónica Lora.
"Según la información que consta en el Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya, en los últimos cinco años constan 794 sentencias condenatorias de los 1.279 procedimientos judiciales incoados contra resoluciones administrativas de la DGAIA, relacionados con la protección a la infancia en los que hay menores en situación de desamparo competencia de los Juzgados de Familia o, excepcionalmente, los juzgados de violencia sobre la mujer", señala en su solicitud la diputada de Vox en Cataluña.
¿Intervenciones injustificadas?
La pretensión de la diputada de Vox en Cataluña Mónica Lora y la del propio partido no es la de acusar a la DGAIA en bloque, destacan fuentes de la formación a Libertad Digital. Pero -explican- sí están siguiendo el asunto de cerca desde hace meses. Algunos de los datos y casos concretos de los que ha tenido conocimiento son muy preocupantes.
"Somos conscientes de que hay menores que sufren situaciones de abuso, violencia y desamparo en los senos de sus familias" y en consecuencia "la Administración se ve obligada a intervenir para proteger el interés superior del menor", señala Lora en declaraciones a este periódico.
La pregunta que se hacen en Vox es si la Generalidad está actuando en casos en los que no está suficientemente acreditado tener que hacerlo, causando un daño irreparable a las familias. Eso es lo que parece indicar el hecho de que un 60% de las sentencias en relación con resoluciones de desamparo sean condenatorias.
"No podemos estar de acuerdo con que haya ni un solo caso en el que la Administración intervenga, separando a un niño de sus padres, si no hay motivos justificados y pruebas que lo confirmen", destaca Lora a LD. "La intervención de la DGAIA debería ser la última opción y solicitamos el máximo rigor y transparencia en su actuación."