Aún quedan algunas incógnitas por resolver en el caso del atropello mortal de cuatro personas perpetrado en la madrugada del domingo durante la celebración de una boda gitana en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, que -según la llamada del 112 que dio el aviso- "entró como un tiroteo". Sin embargo después no se encontraron casquillos o evidencia alguna de que se hubiesen producido disparos en el lugar del suceso. En cualquier caso, al margen del comprensible caos inicial, fuentes de la investigación aseguran que "hubo una coordinación exquisita". Eso sí -añaden- que se tuvo que realizar "por cauces extraoficiales".
"Debería haber ido por la sala operativa del 091 o la sala del 112, sin embargo los policías hablaron con los guardias civiles a través de WhatsApp, para lograr una mayor eficacia. No tenemos una sala común que nos una a todos y cuando tenemos un problema de este tipo, en vez de acudir a nuestras salas y nuestra sala hable con la otra sala y que la otra sala hable con la otra... Lo hacemos a través de aplicaciones, de foros o los medios que tengamos", señalan las mismas fuentes. "El primer punto era la coordinación y la detención se produjo apenas una hora más tarde".
Aquí llegamos al siguiente punto controvertido. La Guardia Civil interceptó el vehículo que había embestido contra una decena de invitados al convite del enlace en el restaurante barbacoa El Rancho, acabando con la vida de cuatro de ellos e hiriendo de gravedad a otros cuatro, y arrestó a tres personas: el conductor, un hombre de nacionalidad portuguesa y 35 años de edad, y sus dos hijos menores, de 16 y 17 años. Inicialmente, se dijo que había un cuarto ocupante que habría logrado darse a la fuga.
De hecho esa es la versión que fuentes de la benemérita ofrecieron a LD. Según nos relataron, había cuatro personas en el interior del coche que -al detectar la presencia policial- "se dirigieron al campo y se bajaron del vehículo con la intención de huir a pie". El domingo por la tarde se traspasaron los detenidos y el coche implicado en el atropello mortal a la Policía Nacional, que es "quien lleva la investigación de caso", y la información que nos hacen llegar cambia: no había un cuarto ocupante y -en consecuencia- no estarían buscando a ningún implicado más en los hechos.
¿Qué pasa con el cuarto?
Fuentes policiales consultadas por este periódico cuestionan esta decisión, suponiendo que la información trasladada a los medios se corresponda con la realidad y no a una estrategia de los agentes que llevan el caso para capturar al joven fugado. Incluso dando por bueno que el sobrino del autor material del atropello mortal no estuviera en el interior del vehículo cuando arrolló a las víctimas, sí estuvo con el grupo del clan de los portugueses que se presentó en el banquete por sorpresa y parece ser que fueron precisamente sus desavenencias con la familia de novio las que propiciaron la reyerta, que terminó con el trágico desenlace que ya conocemos.
Según estas fuentes, se podrían dar dos posibilidades. La primera es que verdaderamente el joven no estuviese en el interior del vehículo en el momento del atropello, en cuyo caso "no habría que detenerlo pero sí tomarle declaración", dadas las circunstancias. La información que aporte puede ser útil para la resolución del caso. La segunda sería que sí estuviera dentro del coche, por lo que "habría que detenerlo y pasarlo a disposición judicial". Es decir, que tanto en la primera opción como en la segunda "sería necesario localizarlo" para que les contase lo que sabe. Nos insisten en que no les cuadra que no le estén buscando.
¿Y su papel en el atropello?
Además, aseguran a LD, habría que determinar qué papel tuvo en los hechos. "Podría ser el inductor", exclaman. En consecuencia, dan por hecho que "está pendiente su detención o la toma de declaración". Cabe recordar que el joven al que llamamos ‘el fugado’ es el sobrino del varón de 35 años que continúa detenido como autor del atropello mortal de cuatro personas en Torrejón de Ardoz.
Éste era quien conducía el coche, un Toyota Corolla de color gris que arrolló a una decena de personas que salían de la celebración de una boda gitana. Sin embargo, a día de hoy sigue sin saberse dónde estaba y qué hacía el joven cuando se produjo el suceso. Y sobre todo si participó en su planificación.
El ataque se acometió horas después de la disputa que provocó que echaran al muchacho, de 18 años, del establecimiento. El arrestado esperó varias horas en el interior del vehículo, aparcado en un callejón, hasta el momento de la embestida. "Hay que tomarle declaración como testigo porque presenció los hechos y participó en la pelea", sentencian.
Las víctimas, de ‘los Brunos’
Se da la circunstancia de que todas las víctimas del atropello pertenecen a la misma familia y al mismo clan, el de los Brunos. Estos son viejos conocidos de la policía por su historial delictivo. Controlaron buena parte de la venta de cocaína y heroína que pasaba por La Cañada Real durante décadas. Y, tras varios golpes policiales, se pasaron al negocio de la marihuana.
Por su parte, el arrestado forma parte del clan de los Da Silva, también conocido como el de los portugueses. Según han confirmado fuentes policiales a LD, se trata de Micael Da Silva, más conocido como el gallego por sus raíces. Tiene 35 años y la noche del suceso acudió a El Rancho con sus hijos y un sobrino "en busca de fiesta". Así lo asegura un integrante de los Brunos en declaraciones a El programa de Ana Rosa.
Según ha explicado, estaban "celebrando en familia, gozando" y les dejaron unirse a la fiesta a pesar de que no estaban invitados a esa parte de la boda. Los portugueses son familia lejana de la novia y por eso sólo se espera su presencia en el acto de la ceremonia. Un rato después de su llegada, protagonizaron una pelea en el interior del local y les pidieron que se marcharan. Fue entonces cuando -en su lugar de irse- se vengaron de la peor forma posible.
Tambores de guerra
El entrevistado ha vaticinado "una guerra". "Los voy a defender como pueda", ha aseverado, "pasará lo que tenga que pasar". El ataque les pilló desprevenidos, por lo que ha dejado ver con sus palabras. "Esto no se puede esperar en la vida... Una masacre", exclama. "Esto ha sido un asesinato, un acto de terrorismo".
No obstante, esta reacción no ha cogido por sorpresa al clan de los Da Silva. Una vez conocieron los hechos, sabían lo que estaban por venir. "Es su ley", nos indican fuentes policiales. Los familiares de Micael, detenido por cuatro delitos de homicidio y siete en grado de tentativa, han abandonado apresuradamente sus viviendas -muchas de ellas ubicadas en Villaverde- ante el miedo a posibles represalias.