PSOE, ERC y Unidas Podemos negocian la reforma del delito de malversación mientras Pedro Sánchez y Oriol Junqueras presumen de los pasos dados hasta el momento en la "desjudicialización" del proceso independentista. Tras los indultos y la supresión del delito de sedición, el turno de la reforma de la malversación se dirime entre los tres años de máximo que reclama ERC y los cuatro que plantea el PSOE. Ambos están de acuerdo en la introducción del supuesto de enriquecimiento ilícito que quiere incluir el Gobierno para camuflar la operación.
La propuesta de ERC, según sus patrocinadores, sólo elimina la malversación en el caso de que no haya lucro personal en determinados casos, los relativos a la organización del referéndum separatista del 1-O de 2017. A pesar de los agujeros y lagunas de su propuesta, Junqueras defiende que la corrupción queda al margen del proyecto elaborado por los republicanos y niega que en el desvío de fondos para el proceso separatista y la celebración del referéndum hubiera malversación. De ahí el empecinamiento en rebajar las penas, de seis meses a un máximo de tres años, para limitar los daños en el caso de que los jueces se aferren al hecho de que en los años del procés se desviaron fondos públicos para preparar el referéndum ilegal.
Con su propuesta, todos los altos cargos pendientes de juicio en Barcelona y los fugados verían absolutamente despejado su horizonte penal. Con la del PSOE, con un año más de pena de cárcel, la situación sería más o menos la misma, por lo que todo apunta a que se producirá un acuerdo en los plazos previstos, antes de Navidad.
Tanto el PSOE como ERC propagan que intentan evitar los boquetes de la ley del solo sí es sí, que los cambios no favorecerán a los condenados por corrupción, que su compromiso en esa materia es mayúsculo y que la rebaja de penas sólo pretende "subsanar" la reforma que introdujo el PP en 2015 y en la que se contemplaba la administración desleal en el delito para perseguir la celebración de consultas como la acontecida en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, un ensayo del golpe de Estado.
Junqueras ha declarado este domingo en TV3 que "nosotros no cometimos ningún delito y de lo que se trata es de que lo que hicimos no sea constitutivo de delito y no pueda ser perseguido". "Queremos eliminar aquello que se introdujo para perseguirnos", ha remachado. Acto seguido ha manifestado que "no es justo que los exiliados se tengan que enfrentar a cuatro años de prisión".
El líder de ERC ha aprovechado para pedir el apoyo de Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont, para imponer la propuesta de ERC, lo que podría dar lugar al regreso del prófugo a España sin tener que afrontar ninguna consecuencia penal o en forma de inhabilitación. Junqueras trata de favorecer a los doce altos cargos de ERC pendientes de juicio por el golpe de Estado, pero también a los que pertenecen a la esfera de Puigdemont y al propio Puigdemont en lo que constituiría un triunfo total de ERC en la guerra separatista y el fin de la aventura delictiva y política del expresidente de la Generalidad parapetado en Waterloo y el Parlamento Europeo.
Más cambios en los desórdenes agravados
A tal efecto, ERC introdujo el viernes enmiendas relativas al delito de desórdenes públicos agravados (que vendría a sustituir al de sedición) para contentar a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, a JxCat y organizaciones de la esfera podemita para despenalizar las protestas con violencia e intimidación o las ocupaciones de todo tipo de inmuebles.
Así, donde el PSOE propone penas de tres a cinco años e inhabilitación de diez a quince años si los acusados son autoridades en el caso de desórdenes públicos agravados, ERC pide penas de seis meses a tres años para quienes "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia causando lesiones a las personas o produciendo daños en las propiedades". La misma pena, de seis meses a tres años sería de aplicación para quienes "obstaculizando las vías públicas ocasionen un peligro para la vida o integridad física de las personas" y a los que "invadiendo instalaciones o edificios provoquen un peligro para la vida o integridad física de las personas".
En cuanto a los okupas, ERC exige la supresión del artículo 557 relativo a las ocupaciones de locales, establecimientos, despachos, oficinas o domicilios porque según el partido de Junqueras y Rufián "no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal pues las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios no producen una afectación de la paz pública".
La vuelta de Puigdemont
La reforma de la malversación, junto a la eliminación de la sedición, no sólo permitirá a Junqueras presentarse a las próximas elecciones, sino que dirimiría a su favor la guerra en el seno del separatismo, puesto que allanaría el regreso de Puigdemont sin consecuencias judiciales y facilitaría la celebración impune de un nuevo referéndum separatista porque ya no implicaría la comisión de ningún delito.
En la misma entrevista de TV3, Junqueras ha mostrado su apoyo a la maniobra del PSOE para cambiar por la composición del Tribunal Constitucional.