La magistrada izquierdista del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, dará la batalla a Cándido Conde-Pumpido hasta el final para convertirse en la próxima presidenta del Tribunal de Garantías.
Este lunes se celebraba la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del TC: César Tolosa y María Luisa Segoviano (designados por el CGPJ) y Juan Carlos Campo y Laura Díez (designados por el Gobierno). Tras esta renovación, el Constitucional está compuesto por 7 magistrados izquierdistas y 4 conservadores. Por su parte, el presidente del Constitucional en funciones, Ricardo Enríquez, convocaba un Pleno para elegir al próximo presidente para este miércoles.
Fuentes del entorno de la magistrada del Tribunal Constitucional aseguran a Libertad Digital que "Balaguer quiere ser presidenta" y que no piensa en retirarse de la lucha por presidir la institución aunque su rival sea el también magistrado izquierdista y fiscal general del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido.
"Es muy buen magistrado, pero yo también", ha asegurado Balaguer a sus allegados en referencia a Conde-Pumpido. El propio magistrado despreciaba a su compañera Balaguer en los últimos meses y llegaba a decir a sus amigos que "es más socióloga que jurista".
Las mismas fuentes apuntan a LD que María Luisa Balaguer "no quiere pedir el voto a nadie". En este contexto, recordamos que el voto de la nueva magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, es clave en la votación y ya se empieza a hablar del "clan de las Luisas". Salvo sorpresas de última hora, se espera que los magistrados Juan Carlos Campo, Laura Díez, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán apoyen a Conde-Pumpido, el candidato favorito del PSOE, del Gobierno y del propio Pedro Sánchez.
No obstante, si Balaguer consigue el apoyo de Segoviano junto al de los cuatro magistrados conservadores, conseguiría reunir los 6 votos necesarios para convertirse en presidenta. En los últimos días, la citada Balaguer protagonizaba una polémica al mostrarse partidaria de un "derecho constructivista" que en ocasiones "puede superar a la ley".
Balaguer fue militante socialista y se declara "feminista", "republicana" y "marxista". Es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, doctora en Derecho por la Universidad de Granada y catedrática de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga desde 1999. Entre 1977 y 2003 fue abogada en ejercicio en Málaga y es considerada una "experta en Igualdad".
Por su parte, el magistrado Pedro González-Trevijano se despedía este lunes de la Presidencia del Constitucional con una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez por sus reformas para asaltar la justicia y pedía no "dictar decisiones políticas con parcos ropajes jurídicos", ni apresurar "reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional".
Además, señalaba que "sin supremacía de la Constitución, ni imperio de la ley, sin ‘checks and balances’, sin un adecuado funcionamiento de los órganos constitucionales, esto es, sin sujeción real y cumplimiento responsable por parte de los poderes públicos de nuestra Norma Superior, del ordenamiento jurídico y de las decisiones del Tribunal Constitucional, no habrá democracia, ni libertad, ni Constitución". Dichas criticas indignaban al presidente del Senado socialista, Ander Gil, que se negaba a aplaudir la intervención.
Conde-Pumpido quiere "arreglar" el problema de Cataluña
Tal y como desveló este diario, Cándido Conde-Pumpido confesó a sus amigos y a sus compañeros del Tribunal Constitucional la siguiente afirmación: "Fui designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo y lo arreglé. Voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré".
Recordamos que Conde-Pumpido en pleno alto el fuego de la banda terrorista ETA en el año 2006 acuñó la polémica frase de que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". En esa época, el Ministerio Público que dirigía "suavizó" su postura penal respecto a los etarras.
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