El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fingió ante el Gobierno de Pedro Sánchez que daba órdenes a los fiscales de modificar el informe sobre la revisión de las penas de inhabilitación de los condenados del 1-O.
Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno presentaban hace dos semanas su informe para revisar las condenas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 tras la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación por parte del Ejecutivo. Antes del informe de los fiscales del 1-O, García Ortiz publicaba un decreto de instrucciones fijando supuestamente el criterio de la Fiscalía en las revisiones de casos afectados por la reforma penal de la malversación.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que "García Ortiz hizo un papelón de cara al Gobierno para que pareciera que él había impuesto su criterio sobre la malversación a los fiscales del 1-O cuando fue al revés y así quedar bien con el Ejecutivo. Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno no pensaban modificar un ápice su escrito tras informar al fiscal general del Estado el pasado lunes 23 de enero"..
Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "García Ortiz sabedor de que no podría doblegar a los 4 fiscales, no hizo ninguna objeción al escrito, aunque les pidió apurar el plazo de presentación del informe hasta el miercoles 25 de enero para que pareciese que se estaban haciendo cambios impuestos por él en el escrito".
"Además, apenas una hora antes de que los fiscales del 1-O presentaran su informe el 25 de enero, García Ortiz dictaba un decreto de instrucciones sobre la malversación que en realidad, seguía el criterio establecido previamente por los cuatro fiscales. El fiscal genetal una vez más quiso aparentar que los fiscales habían seguido su criterio", añaden.
Tal y como adelantó este diario, el decreto de instrucciones del fiscal general avalaba que se mantuvieran las condenas dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente en 2015 porque dicha reforma "ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación", lo que incluía a la sentencia del 1-O. "No se revisarán las sentencias condenatorias por delitos de malversación apropiatoria dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente tras la reforma de 2015 puesto que la nueva ley ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación", concluía.
Después de que se conociera el decreto de instrucción de García Ortiz y el informe de los fiscales del 1-O, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños sacaba pecho en rueda de prensa: "Lo más sobresaliente es que una vez más se da un paso en lo que el Gobierno ha defendido en todo momento y es que los hechos de 2017 no quedan despenalizados. Fueron delito conforme al Código Penal del 2017 y son delito conforme al Código Penal europeizado y homologado con nuestros países del entorno también en el año 2023".
El informe de los fiscales
Tal y como publicó LD, los fiscales solicitaron en su informe que se desestimase la revisión y se mantengan las penas de inhabilitación fijadas por el Tribunal Supremo en su sentencia de octubre de 2019 para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras (13 años) y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa (12 años).
Además, pidieron 9 años y 2 meses de inhabilitación para la expresidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell (7 años y 6 meses por los desórdenes públicos agravados y 1 año y 8 meses por la desobediencia); 8 años y 2 meses de inhabilitación para los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull (6 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por los desórdenes públicos agravados y 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por la desobediencia); y por último, 5 años de inhabilitación especial para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el expresidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, por el delito de desórdenes públicos agravados. La Sala Penal del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena tendrá que dictar su veredicto sobre este asunto.